El cambio de partido en el gobierno estatal no se ve reflejado en la disminución de crímenes; señalan expertos que cifras no coinciden con la situación que se vive
Hermosillo.— A un año del inicio del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, la realidad de la violencia supera las promesas de la administración morenista.
La violencia generada por grupos criminales, los cuales pelean el control de las plazas, así como las rutas de trasiego de droga y de personas hacia Estados Unidos, y de armas del norte a México, se mantiene incontrolable, al grado de que hay regiones en las que no se puede transitar de día, mucho menos de noche.
A decir de especialistas, aunque esta situación no es un tema que se originó en el actual gobierno, ha ido creciendo sin freno y sin que haya una contención efectiva. Ahora, los secuestros, levantones, desapariciones, balaceras, ataques armados, homicidios y extorsiones son la constante.
Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, reconoce que los hechos violentos no son nuevos en este gobierno ni en el anterior, pues se han venido arrastrando a lo largo de décadas. Sin embargo, en regiones como Pitiquito, Caborca, Cajeme y Guaymas no se vislumbra una pronta solución.
“Sabemos que, aunque haya cambios desde la estructura y desde el sistema, puede tardar bastante tiempo y no se va a lograr en tres años, o de un sexenio a otro, porque son cambios también de cultura institucional. El no sentar las bases ahorita va a hacer complejísima esta situación”, considera.
La especialista compara datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del inicio del gobierno de la priista Claudia Pavlovich (octubre 2015- agosto 2016), con lo que lleva el actual mandatario morenista (octubre 2021-agosto 2022).
En el primer año de gobierno de Durazo, el total de delitos cometidos en el estado suman 31 mil 188, de los cuales mil 357 son homicidios dolosos y 26 feminicidios, mientras que el primer año del sexenio pasado se registraron 38 mil 560 delitos, más ilícitos, pero sólo se cometieron 578 homicidios dolosos y 20 feminicidios, lo que representa un incremento de 134.78% en homicidio doloso y 30% de feminicidios.
En el primer año de gestión de Pavlovich fueron asesinados 20 policías, mientras que en el actual gobierno suman 26 homicidios de uniformados.
Con respecto a las personas desaparecidas y/o no localizadas, de 2015 a 2016, con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Krimilda Bernal detalla que se registraron 367 en el gobierno anterior, mientras que en el actual suman 122.
Bernal refiere que desde 2016, cuando el Observatorio Sonora por la Seguridad inició actividades, detectó que los liderazgos en la seguridad del estado no fueron los mejores, tanto en la fiscalía como en seguridad pública.
Si bien fueron renovados en 2018, permanece en la fiscalía Claudia Indira Contreras y María Dolores del Río fue nombrada titular de Seguridad Pública.
¿Dónde están?
Krimilda Bernal señala que en el tema de las personas desaparecidas, de un sexenio a otro se han incrementado los grupos de búsqueda de personas. De acuerdo con cifras del SESNSP, en lo que va del año (de enero a agosto) hay 101 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 91 son hombres y 10 mujeres.
“En el observatorio siempre estamos contrastando los datos del secretariado con la realidad que se vive, porque sabemos que sólo un pedacito de lo que se llega a denunciar se registra en la fiscalía o Ministerio Público. A estas alturas es más confiable entrar a una página de un colectivo de búsqueda”, reconoce.
Ceci Patricia Flores Armenta, líder del grupo de Madres Buscadoras de Sonora —uno de los 14 colectivos que existen en el estado— cuenta con más de 4 mil fichas de búsqueda del último año y anteriores.
La activista recrimina que, a pesar de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño prometió en la campaña apoyarlas institucionalmente con las búsquedas, no ha cumplido.
“Las estadísticas de desaparecidos se han incrementado. De nada sirve que hayan cambiado al comisionado estatal de búsqueda, pues todo sigue igual. Los carros no sirven y no tienen gasolina para acompañarnos, tampoco nos apoya el gobierno en la identificación de cuerpos”, lamenta.
En este sentido, por primera vez en su historia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH) emitió un conjunto de 15 recomendaciones por 15 casos diferentes de desaparición de personas, dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
Estas recomendaciones acreditan violaciones graves a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica, en perjuicio de 23 personas desaparecidas, así como violaciones a los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la integridad personal de 27 familiares.
La CEDH advirtió graves periodos de dilación injustificados en todas las investigaciones, donde el caso más grave registra un lapso de inactividad ministerial que alcanza dos años cuatro meses.
Además, en la mayoría de los casos, la FGJE no realizó ni una de las diligencias a las que estaba obligada en las primeras 24 horas, de acuerdo con el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Falta orden
David Saucedo, experto en temas de seguridad y analista político, considera que la situación en seguridad de Sonora no es buena, aunque el gobierno del estado tenga una narrativa distinta. La expectativa de que llegara un personaje experimentado como el exsecretario de Seguridad Publica nacional a gobernar el estado era muy alta.
De acuerdo con el experto, por la aparente reducción marginal en incidencia delictiva de homicidios dolosos y delitos del fuero común en el presente año, se tendría que estar evaluando la remoción de la secretaria de Seguridad María Dolores del Río.
“El presupuesto de seguridad pública debe reflejar el tamaño de la necesidad, pero también debe hacer una depuración en las corporaciones policiacas porque hay muchos comandantes colaborando con el crimen organizado. No lo digo yo, lo dicen las narcomantas que dejan los criminales que señalan a mandos policiacos de una reputación muy dudosa”, asegura Saucedo.
“Ha habido una protección policial, yo no tengo ninguna duda de que hay presidentes municipales que están protegiendo y brindando apoyo a grupos del crimen organizado. Grupos del narcotráfico tienen en la bolsa a alcaldes, a la Policía Municipal, por eso no se ha avanzado. Hay una resistencia de muchos años de los gobernadores para poder someter al proceso de juicio a los alcaldes”, considera.
Indica que sería un buen indicio que el gobernador diera un diagnóstico sobre cómo encontró el estado y sea más abierto y le ponga nombre y apellido.
“Estamos haciendo, a lo mejor, un juicio muy severo contra él, pero lo cierto es que tampoco ha dicho qué se encontró. Siempre habla de generalidades, pero no da nombres, cifras sobre qué exactamente es lo que encontró al hacerse cargo de la entidad.
“Yo esperaría, por lo menos, que tiene más [información] de las investigaciones de la posible colaboración de funcionarios del pasado con narcotraficantes (…) quiero pensar, porque yo no veo exalcaldes, directores, comandantes regionales detenidos. Si no hay personajes sometidos a investigación o a juicio, entonces lo que hizo Alfonso Durazo Montaño únicamente es llegar a administrar el problema, no resolverlo”.
Violencia feminicida
Para Silvia Núñez, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio capítulo Sonora, la violencia contra las mujeres en este primer año de administración de Alfonso Durazo sigue igual. Lo que podría variar es la forma en que se clasifican los casos de las muertes violentas.
“La tendencia a la baja en feminicidios en el último año podría justificarse que en ocasiones se clasifica como homicidio doloso u homicidio culposo. No se sabe si de esos casos también hay razones de género que no se estén acreditando”, considera.
Sin embargo, en lo que corresponde a la alerta de violencia de género para seis municipios (decretada en agosto de 2021) ni siquiera se sabe si se está dando de una forma correcta porque las peticionarias —entre ellas el observatorio— han sido excluidas y no tienen reportes de avances.
“Es evidente que no hay medidas urgentes, puesto que las agresiones continúan, la violencia familiar contra las mujeres está al alza mes con mes y como una muestra, digamos, representativa del cumplimiento de los mandatos de la alerta de género, está por ejemplo la de fortalecer las comisiones tanto la de víctimas como la de búsqueda”, afirma.
