“La imposición por el Estado de la pena de muerte, el más severo e irreversible de los castigos, es profundamente difícil de conciliar con la dignidad humana y con el derecho fundamental a la vida”, declaró este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos durante la mesa redonda Violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular con respecto a la limitación de la pena de muerte a los delitos más graves.
Volker Türk recordó que durante muchos años las Naciones Unidas se han opuesto a la pena capital en todas las circunstancias, y afirmó que hasta que todas las naciones hayan abolido la pena de muerte, “se habrá completado el camino hacia la defensa de la dignidad humana”.
La pena máxima como instrumento de represión
En su discurso, el Alto Comisionado destacó cómo la existencia de la pena de muerte en los países que la mantienen, así como la amenaza de su uso, puede destinarse a fines impropios, como infundir miedo, reprimir a la oposición y sofocar el ejercicio legítimo de las libertades. La pena de muerte se ha utilizado con efecto amedrentador contra opositores políticos o manifestantes, especialmente jóvenes.
Türk recordó que la pena de muerte también discrimina, condenando a personas que forman parte de minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, al igual que a integrantes de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer.
El Alto Comisionado insistió en que el Comité de Derechos Humanos ya aclaró que los únicos delitos que permitirían considerar la pena de muerte en el estado actual de la ley eran los crímenes de extrema gravedad, que implican homicidio intencional. “En muchos países sigue siendo obligatoria la imposición de la pena de muerte, algo irreconciliable con las normas sobre juicios justos”, dijo.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, interviene en una mesa redonda bienal de alto nivel sobre la pena de muerte.
Prevenir el delito
Los expertos en justicia penal, basándose en la experiencia adquirida en todo el mundo, concluyen que la respuesta adecuada reside en controlar y prevenir los delitos, y que deben crearse sistemas de justicia penal operativos y basados en los derechos humanos, que permitan a las víctimas y los supervivientes acceder a la justicia, la reparación y la dignidad.
Desde que se consagró el derecho a la vida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 170 Estados han dejado de aplicar la pena de muerte, que no tiene ningún efecto disuasorio y no contribuye en modo alguno a hacer más segura la sociedad.
Tendencia a la abolición
En el debate posterior, algunos oradores declararon que la pena capital no es una cuestión de justicia penal, sino de derechos humanos. Afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en la pobreza, con orientaciones sexuales y de género diversas, a los pueblos indígenas y a otras minorías. “La pena de muerte no debe ser instrumentalizada por ningún Estado para castigar a personas que participan en protestas e infundir miedo en la población con el objetivo de amedrentar la disidencia” añadieron.
“No cumplir las garantías procesales y de un juicio justo o causar sufrimientos adicionales en la ejecución de la pena de muerte puede constituir tortura o trato inhumano o degradante, entre otras violaciones”, concluyeron.
Los participantes también instaron a todos los Estados a seguir el camino hacia la abolición total, si es necesario adoptando primero una moratoria de las ejecuciones o reduciendo el número de delitos que pueden dar lugar a la aplicación de la pena capital, y elogiaron a los países que han prohibido recientemente la pena de muerte.
Source: news.un.org
