Tras concluir este jueves una visita oficial a Honduras de diez días, el Grupo de Trabajo* de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emplazó a las autoridades hondureñas “a redoblar sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria”.
Pese a reconocer las carencias y los retos existentes en materia de derechos humanos, y sobre las medidas necesarias para abordarlos, expresadas por las autoridades, los expertos señalaron la desconfianza de las víctimas en un contexto de sistémica y prolongada impunidad por las violaciones de los derechos humanos.
“Entre los familiares de desaparecidos que encontramos en muchas partes del país, si bien hay cierta esperanza de cambio, el sentimiento común era la desconfianza, la desesperanza y el miedo”, afirmaron.
Los expertos se mostraron especialmente preocupados por la impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas, tanto por las pasadas, en particular las ocurridas durante las décadas de 1980 y 1990 cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, como por los casos actuales.
Los especialistas atribuyeron la falta de avances a una combinación de factores que incluye “un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, junto a la inseguridad, la colusión y la corrupción”.
Con respecto a esta última, los expertos aseguran que “para romper el ciclo de impunidad, es esencial que estas medidas se basen en un compromiso firme y coordinado de todos los actores pertinentes del Estado, en particular las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales y el Ministerio Público, y en la tolerancia cero frente a la corrupción”.
Búsqueda y registro de víctimas
El Grupo de Trabajo instó al gobierno hondureño a reconocer la desaparición forzada como un delito independiente del contexto de los crímenes de lesa humanidad y a establecer unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito.
“Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas no sólo es esencial para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz”, afirmaron los expertos.
También instaron a crear un registro de todas las víctimas de desaparición forzada y una base de datos con los datos genéticos de sus familiares, como parte de un plan de búsqueda de personas desaparecidas, con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
“Todas y cada una de las denuncias relacionadas con desapariciones forzadas deben ser debida y eficazmente investigadas desde el inicio y los familiares deben ser informados con prontitud de cualquier progreso al respecto”, ya que la gran mayoría de las víctimas con las que se reunieron informaron de la escasa atención por parte de las autoridades, lo que les deja esencialmente solos en sus esfuerzos de búsqueda.
Mayor cooperación regional
Los especialistas también se reunieron con familiares de personas desaparecidas que fueron víctimas del crimen organizado, ya fuera en el contexto de disputas territoriales o migratorias, y presenciaron la “angustia y sufrimiento ante la falta de respuesta o investigación por parte de las autoridades estatales”.
Recordando la emblemática desaparición en 2020 de cuatro miembros de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz, todavía sin resolver, afirmaron que es esencial investigar de forma independiente todos los elementos de estos crímenes, incluyendo la posible implicación de funcionarios públicos.
Asimismo, instaron al gobierno a incrementar la cooperación con otros Estados, tanto de la región como fuera de ella, para garantizar que las familias de las víctimas reciban información sobre la búsqueda de sus seres queridos.
Durante la visita del Grupo de Trabajo, se adoptó un Decreto Ejecutivo por el que se crea un programa de Memoria y Reparación. Los expertos esperan “con interés la aplicación efectiva de este programa” y mostraron su confianza “en que aborde la reparación de forma integral, inclusiva y holística”.
Finalmente, instaron a las autoridades “a reconocer plenamente la condición jurídica de las personas desaparecidas y a respetar los derechos de sus familiares más próximos, emitiendo declaraciones de ausencia por desaparición”.
El Grupo de Trabajo presentará sus observaciones finales sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias se compone de cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo: Aua Baldé (presidenta-relatora), Guinea Bissau; Gabriella Citroni (vicepresidenta), Italia; Angkhana Neelapaijit, Tailandia; Luciano Hazan, Argentina; y Grażyna Baranowska, Polonia.
Los Grupos de Trabajo de la ONU son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos de investigación y de vigilancia independientes del Consejo que abordan tanto las situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los Expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; ellos no son empleados de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Sus miembros son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual
Source: news.un.org
