El Comité de los Derechos del Niño y la relatora especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos*, Fionnuala Ní Aoláin, alertaron este viernes de que los dos campamentos cerrados más grandes para mujeres y niños pequeños en el noreste de Siria albergan a unas 56.000 personas, incluidos 37.000 ciudadanos extranjeros, y que más de la mitad de esa población son niños.
De ese grupo, el 80% es menor de doce años, y el 30% tiene menos de cinco, detallaron los expertos, que también dieron cuenta de más de 850 niños en prisiones y otros centros de detención, incluidos centros de rehabilitación, en distintas partes del noreste sirio. Todos los niños se encuentran detenidos por las acusaciones que pesan sobre sus padres.
Los expertos indicaron que a menudo cuando cumplen doce años, los niños son trasladados violentamente de los campamentos a centros de detención y rehabilitación en medio de la noche.
“Estas formas de trato inhumano adicional contra los niños se basan en estereotipos de género y tienen consecuencias dramáticas y duraderas. Todos estos niños corren un riesgo extremo de violencia sexual y de género, tráfico y esclavitud. Los niños con discapacidad son particularmente vulnerables a la violencia y al daño”, advirtieron.
Castigar a los niños por los actos de sus padres
Los especialistas recordaron que la detención masiva de niños por lo que sus padres puedan haber hecho es una violación flagrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe todas las formas de discriminación y castigos de los menores a causa de las actividades, opiniones o creencias de sus padres.
Afirmaron que las detenciones no tienen ningún fundamento legal, autorización judicial, revisión, control o supervisión, contraviniendo los derechos de los niños, que prohíben la privación ilegal o arbitraria de su libertad.
“Es el momento de traerlos a casa”
En este contexto, los expertos urgieron a repatriar de inmediato a esos niños, recalcando que los menores en zonas de conflicto deben ser protegidos, no castigados.
“Muchos niños están entrando ahora en su quinto año de detención en el noreste de Siria, desde que fueron detenidos por las autoridades de facto tras la caída de Baghouz a principios de 2019. Ahora es el momento de traerlos a casa”, apuntaron los expertos en un comunicado conjunto.
Explicaron que la mayoría de esos menores no ha conocido más que conflictos y campamentos cerrados, donde las condiciones de vida equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes y representan un riesgo inminente para sus vidas, su integridad física y mental y su desarrollo.
Destacaron que esos centros de detención carecen de bienes y servicios tan básicos como agua, educación, salud e, incluso, alimentos, e insistieron en que no son un sitio donde los niños puedan vivir con dignidad.
El Comité y la relatora especial refirieron el deterioro constante de la seguridad en esos centros y citaron que en los últimos meses tres niñas y un niño fueron asesinados en un campamento con absoluta impunidad.
Por otra parte, precisaron que cien niños siguen desaparecidos tras el ataque a la prisión de Al-Hassakah en enero de 2022.
Además, señalaron que muchos de los niños encarcelados tienen tuberculosis, padecen desnutrición o tienen lesiones sin tratar.
Repatriación, la única solución
“Estos niños son víctimas del terrorismo y de gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y deben ser tratados con dignidad en todos los contextos, ya sea de conflicto armado o de terrorismo. El regreso seguro a sus países de origen, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, es la única solución y debe priorizarse”, enfatizaron.
Los expertos instaron a todos los actores involucrados a garantizar la seguridad y protección inmediata de todos los niños, independientemente de su ubicación en el noreste de Siria.
“Los Estados de nacionalidad tienen la obligación de proteger a los niños vulnerables de los abusos y posibles violaciones de su derecho a la vida (…) Deben intervenir con urgencia para evitar que sufran más daños”, puntualizaron.
Añadieron que se debe reconocer su condición de vulnerabilidad como víctimas del terrorismo y se les debe brindar protección especial en virtud del derecho internacional.
“Los Estados deben repatriar urgentemente a los niños, junto con sus madres”, dijeron los expertos y pugnaron por la implementación de programas de integración y rehabilitación una vez que se encuentren en sus países.
* Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Source: news.un.org
