El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este jueves su alarmante preocupación por lo que considera una “continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala”.
Volker Türk señala que los funcionarios de justicia, entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, siguen enfrentándose a actos de “intimidación, acoso y criminalización”.
“Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, declaró el Alto Comisionado.
Türk indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció el pasado de 28 de marzo, en el último de una serie de casos de esta naturaleza, que emprendía acciones legales contra el ex comisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese en relación con su trabajo en la Comisión.
Según informaciones de prensa, las acciones legales de la Fiscalía contra el excomisionado costarricense Dall’Anese forman parte de la investigación denominada Fedecocagua (Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café) que también incluye al gerente de esta empresa, Ulrich Gurtner Kappeler.
El máximo de responsable de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó una orden de captura contra Kappeler por un delito de lavado de dinero. El fiscal sostiene que el ex comisionado envió una nota al gerente de Fedecocagua, comunicándole que una investigación de la citada Comisión Internacional a esta empresa no había encontrado indicios de ninguna ilegalidad.
Tras doce años de actividad, la CICIG fue disuelta el 3 de septiembre de 2019. Durante el tiempo que estuvo vigente y con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.
Inquietud ante el rechazo de candidaturas para las elecciones generales
El Alto Comisionado extendió su preocupación por los “candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Thelma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú,” cuyas candidaturas para las elecciones generales del próximo 25 de junio fueron rechazadas por la Corte Electoral “por motivos aparentemente arbitrarios”. Los recursos sobre estos casos están ante el Tribunal Supremo.
“El derecho a participar en las cuestiones de ámbito público, incluido el derecho a votar y a presentarse a las elecciones, es un derecho humano reconocido internacionalmente. La Corte Constitucional, el Tribunal Supremo y la Corte Electoral deben decidir de manera imparcial, en base a los hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas”, subrayó Türk.
El Alto Comisionado llamó “a las autoridades guatemaltecas para que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias. Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática”
Source: news.un.org
