El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó hoy su preocupación por la supuesta violencia policial en Argentina, incluidos casos con víctimas mortales, que afecta de forma desproporcionada a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes en casos de desalojos, protestas pacíficas y operaciones contra el comercio ambulante.
El órgano de expertos independientes también mostró su inquietud por la elaboración de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden y recomendó a la nación sudamericana que adopte medidas para prevenir la violencia policial y que apruebe leyes que prohíban explícitamente la aplicación de perfilados raciales.
Garantizar el derecho de propiedad de las tierras indígenas
El Comité también se mostró particularmente preocupado por la falta de legislación que garantice de forma efectiva la pertenencia de las tierras comunitarias tradicionalmente habitadas por los pueblos indígenas, junto a los constantes desalojos, e instó a Argentina a adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen el derecho de propiedad y establecer mecanismos de titularidad sobre las tierras tradicionales.
El órgano recomendó además al Estado que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las políticas públicas destinadas a garantizar la no discriminación y la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes.
Del mismo modo, pidió que tome las disposiciones necesarias para “prevenir, condenar y combatir el discurso de odio racial contra pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, incluyendo internet y las redes sociales, así como los emitidos tanto por figuras públicas como autoridades nacionales y provinciales.
Asimismo, expresó su inquietud por los presuntos abusos y la violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, sobre todo en el norte del país, como el caso de las mujeres y niñas wichi en Salta y pidió la instauración de medidas para prevenir estos casos y su investigación.
Defensoría del Pueblo
Al mismo tiempo, señaló su preocupación por la falta de un Defensor del Pueblo, una vacante que no se ha cubierto desde el año 2009, y que el proceso de selección del cargo todavía “no sea suficientemente claro, transparente y participativo”.
Por ello, urgió al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para ocupar esta vacante y tomar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento del Defensor “sea suficientemente claro, transparente y participativo, asegurando que cumpla plenamente con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”.
El Comité “tomó nota” de la publicación del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), pero lamentó la falta de información en los resultados de su implementación, en particular en materia de discriminación racial, por lo que pidió difundir sus conclusiones, en particular en los aspectos relativos al impacto en la lucha contra la discriminación racial, y elaborar y adoptar un nuevo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Igualmente, pidió que se garantice la plena participación de los grupos “más expuestos” a la discriminación racial, especialmente los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, los solicitantes de asilo y refugiados, así como en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los avances y resultado final de los planes mencionados anteriormente.
