Decenas de miles de refugiados huyen de Sudán
Los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en la zona de Jartum, la capital del país, han provocado la huida de decenas de miles de refugiados de Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea que vivían en la nación africana, informó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El organismo también mostró su preocupación por la situación en la región de Darfur, donde aumenta el temor a un resurgimiento de las tensiones étnicas con un aumento de la violencia entre comunidades.
Una preocupación que compartió la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que indicó que, en la ciudad de El Geneina, al oeste de Darfur, se produjeron “enfrentamientos étnicos letales”. Ravina Shamdasani estimó en 96 el número de muertos desde el inicio de las hostilidades el 24 de abril.
Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, agradeció ayer la colaboración del Gobierno de Francia en el traslado fuera de Sudán de más de 400 miembros del personal de las Naciones Unidas y sus familiares.
La Marina francesa transportó este martes a más de 350 empleados de la ONU y sus familias desde la ciudad de Puerto Sudan hasta la de Yeda, en Arabia Saudí. La Fuerza Aérea francesa trasladó el miércoles a más de 70 miembros desde El Fasher, en Sudán, hasta la capital de Chad, Yamena.
Argentina debe prevenir la violencia policial contra indígenas, afrodescendientes y migrantes
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó hoy su preocupación por la supuesta violencia policial en Argentina, incluidos casos con víctimas mortales, que afecta de forma desproporcionada a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes en casos de desalojos, protestas pacíficas y operaciones contra el comercio ambulante.
El órgano de expertos independientes también mostró su inquietud por la elaboración de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden y recomendó a la nación sudamericana que adopte medidas para prevenir la violencia policial y que apruebe leyes que prohíban explícitamente la aplicación de perfilados raciales.
El Comité también se mostró particularmente preocupado por la falta de legislación que garantice de forma efectiva la pertenencia de las tierras comunitarias tradicionalmente habitadas por los pueblos indígenas, junto a los constantes desalojos, e instó a Argentina a adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen el derecho de propiedad y establecer mecanismos de titularidad sobre las tierras tradicionales.
Por último, el órgano expresó su inquietud por le preocupaban los presuntos abusos y violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, sobre todo en el norte del país, como el caso de las mujeres y niñas wichi en Salta y pidió la instauración de medidas para prevenir estos casos y su investigación.
Los países americanos han de detener la deportación de haitianos
El Comité también se pronunció hoy sobre la situación de los haitianos desplazados en el continente americano y pidió a los Estados Parte de la región que suspendan las devoluciones forzadas de estas personas y adopten las medidas necesarias para protegerlas.
El llamado del órgano se produjo tras la deportación de 36.000 personas de origen haitiano durante los tres primeros meses de este año.
El Comité señaló su preocupación por las expulsiones colectivas de haitianos sin una evaluación individualizada de sus necesidades de protección, entre ellas las que conciernen a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a los niños no acompañados o a las víctimas de trata y violencia de género.
En vista de la grave situación humanitaria que vive Haití, que actualmente no permite el regreso seguro y digno de sus nacionales a la nación caribeña, el Comité pidió detener las expulsiones colectivas de haitianos desplazados y la evaluación personalizada de cada caso para identificar las necesidades de protección, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos.
México no garantizó el acceso a la educación terciaria a una mujer con discapacidad intelectual
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determinó hoy que México no adoptó las necesarias medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar que una mujer con discapacidad intelectual tuviera acceso a una educación terciaria inclusiva.
La afectada no superó las pruebas de admisión a la licenciatura en artes visuales y alegó que no tuvo acceso “a las modificaciones necesarias y apropiadas para permitirle presentarse a las pruebas en igualdad de condiciones con los solicitantes sin discapacidad, lo que constituía una discriminación”.
Uno de los miembros del Comité, Markus Schefer, explicó que en este caso la afectada no trataba de “bajar los estándares de admisión”, sino de aplicar “las modificaciones y ajustes adecuados en la evaluación de las solicitudes de personas con discapacidad durante el proceso”.
Aunque Schefer calificó de “indiscutible” que el acceso a la educación terciaria pide unos requisitos previos en materia de conocimientos y aptitudes, especificó que “los procesos de admisión deben contemplar los requisitos específicos de los candidatos con discapacidad.”
