En los primeros días de la pandemia de COVID-19, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump implementó una política que, bajo argumentos de salud pública, permitía a las autoridades de ese país expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
Dicha política, conocida como Título 42, terminó el último minuto del jueves tras haber sido renovada varias veces, reactivando la antigua política conocida como Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.
Las restricciones del Título 8 preocupan a las agencias especializadas de la ONU y transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados al limitar el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular tras transitar por otro país, según explicaron la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Las barreras que impiden que las personas ejerzan el derecho humano fundamental de solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados. La nueva regla del gobierno de Estados Unidos que restringe el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados”, puntualizaron los organismos en un comunicado conjunto.
En cambio, las agencias instaron a adoptar “un enfoque colaborativo” para responder mejor a los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en América.
Ampliar los reasentamientos no sustituye la responsabilidad de los Estados
ACNUR y la OIM acogieron con beneplácito las iniciativas positivas para expandir el reasentamiento y otras vías regulares en la región, pero consideran preocupantes las nuevas restricciones en el acceso al asilo tras el levantamiento del Título 42.
Esas iniciativas, planteadas básicamente por Estados Unidos, pueden ofrecer alternativas reales a las personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones, apuntaron.
Sin embargo, la portavoz de ACNUR, Olga Sarrado, afirmó que “ninguna de esas medidas puede sustituir la responsabilidad de los Estados, de Estados Unidos en este caso, de proporcionar a las personas que acceden a su territorio el derecho a buscar asilo”.
Las agencias recordaron que, si bien la cantidad de personas que se acercan a la frontera estadounidense ha aumentado en los últimos años, la mayoría de quienes se encuentran en situación de movilidad en el continente sigue siendo acogida por países de América Latina.
Acciones coordinadas
En este sentido, agregaron que ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes.
ACNUR y la OIM sostuvieron que sólo se puede avanzar con acciones coordinadas que aborden las causas del desplazamiento y de la migración irregular, que apoyen a las comunidades que acogen a la mayoría de los desplazados, que den acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal, y que faciliten el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a los viajes peligrosos.
“Una respuesta más eficaz demanda un esfuerzo de colaboración por parte de los Estados y otras partes interesadas para ampliar el acceso a la protección y al asilo y las vías regulares de migración, al tiempo que se fortalecen las soluciones”, puntualizaron.
Las agencias señalaron que medidas como facilitar y extender el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral pueden salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico, y otras formas de violencia.
Además, ese tipo de provisiones puede ayudar a las economías nacionales que enfrentan escasez de mano de obra, añadieron.
Las agencias refrendaron su compromiso de trabajar con todos los países y con los mecanismos regionales existentes con este objetivo; aunque insistieron en que “la ampliación del reasentamiento y de otras vías regulares no puede sustituir a la responsabilidad de los Estados de garantizar a las personas el acceso al territorio y a los procedimientos de asilo”.
No al retorno forzado
Por otra parte, subrayaron que cualquier acuerdo entre Estados sobre retornos – incluido el retorno de solicitantes de asilo a un tercer país –, debe garantizar la prohibición del retorno forzado de personas cuya vida y seguridad pueda estar en riesgo en su país de origen.
“Los retornos sólo deberían llevarse a cabo siguiendo el debido proceso y con las salvaguardias necesarias, de conformidad con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”, explicaron.
Niños migrantes
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) también se pronunció sobre el levantamiento del Título 42, recordando que “los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias” y pugnando por la restauración y salvaguarda de esos derechos en la frontera entre México y Estados Unidos.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, conminó a todos los gobiernos, “incluido el de Estados Unidos, a permitir el acceso a los procedimientos de asilo, independientemente de la nacionalidad”.
Russell mencionó el desplazamiento diario de millones de niños y familias en América Latina y el Caribe, “expulsados de sus hogares por los desastres, los efectos del cambio climático, la violencia, la extorsión y la pobreza extrema”, y llamó al trabajo conjunto para abordar los factores negativos de la migración y el desplazamiento.
“Los niños de la región necesitan más apoyo”, aseveró pronunciándose por ampliar el acceso a los servicios esenciales de salud, bienestar y educación, al igual que por la prevención de la violencia y la creación de oportunidades en sus comunidades.
