El Salvador: La extensión del estado de excepción menoscaba el derecho a un juicio justo
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* expresaron este lunes su preocupación por la renovación del estado de excepción en El Salvador, que ya lleva más de un año en vigor.
Los tres especialistas pidieron su inmediata derogación y que el Gobierno revise las nuevas y amplias facultades establecidas para atajar el problema de las pandillas en el país.
Los relatores especiales entienden que la obligación de proteger a los ciudadanos de las pandillas no faculta al Gobierno “a pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
Asimismo, instaron a las autoridades salvadoreñas a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente.
El pasado mes de septiembre, las cifras oficiales de detenidos bajo las nuevas medidas de seguridad ascendían a 58.000, incluidos al menos 1.600 menores. Seis meses después, el Decreto Ejecutivo número 719 de marzo de 2023 señaló que habían sido detenidas “más de 67.000” personas.
La información recibida por los expertos indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.
Perú no debe penalizar el alquiler de viviendas a migrantes
Otro grupo de expertos expresó su profunda preocupación por la reciente modificación de una ley aprobada por el Congreso de Perú que penalizará con fuertes multas el alquiler de viviendas a migrantes que no posean una situación migratoria regular.
Los relatores especiales recordaron que todas las personas tienen derecho a la vivienda “independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria”, y que tanto los refugiados como los migrantes “deben estar protegidos frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad”.
Según las estimaciones de los expertos, en Perú hay más de 650.000 personas sin una situación formal de residencia. Si se acaba multando a los propietarios de inmuebles que alojan a estas personas, miles de ellas correrían el riesgo de quedarse sin hogar
La Defensoría del Pueblo presentó la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad, que argumenta que las nuevas disposiciones legales “no cumplen con las obligaciones del estado en materia de derechos humanos”.
Los expertos instaron al Tribunal Constitucional peruano a garantizar el respeto al derecho a una vivienda adecuada para todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
El fin del COVID-19 como emergencia sanitaria no supone bajar la guardia
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que el fin del COVID-19 como emergencia sanitaria mundial no implica que esta enfermedad deje de ser una amenaza para la salud de todo el mundo.
En un discurso a los estados miembros de la agencia en el marco de la 76ª Asamblea Mundial de la Salud, el doctor Tedros recordó que persiste la amenaza de la aparición de otra variante de coronavirus que pueda ocasionar “nuevas oleadas de la enfermedad y muertes”.
Añadió que persiste la amenaza de que aparezca “otro patógeno con un potencial aún más mortífero” y que las pandemias no son “ni mucho menos” la única amenaza a la que nos enfrentamos.
Por ello, abogó por construir “una estructura eficaz de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias” que aborde urgencias de todo tipo, e indicó que la Reunión de Alto Nivel sobre Preparación y Respuesta ante Pandemias de este año representa “una valiosa oportunidad para que los líderes tracen un camino claro hacia ese futuro”.
“Cuando la próxima pandemia llame a la puerta -y lo hará- debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa”, apuntó.
Los fenómenos meteorológicos extremos arruinan las economías más pobres
El efecto de medio siglo de fenómenos meteorológicos extremos potenciados por el calentamiento global provocado por el hombre se traduce en más de dos millones de muertos y 4,3 billones de dólares en pérdidas económicas, informó hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Los países más perjudicados por esta situación fueron las naciones en desarrollo que sufrieron nueve de cada diez muertes, mientras que el 60% de sus pérdidas económicas correspondieron a desastres climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.
Varias catástrofes ocurridas en los últimos cincuenta años en los países menos adelantados causaron pérdidas económicas de hasta el 30% del producto interior bruto (PIB).
En los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, una de cada cinco catástrofes tuvo un impacto “equivalente a más del 5%” del PIB, y algunas de ellas acabaron con todo el producto interior bruto de esos países.
No obstante, la Organización subrayó que la mejora del sistema de alertas tempranas y la gestión coordinada de los desastres han contribuido a mitigar el impacto mortal de las catástrofes. “Las alertas tempranas salvan vidas”, afirmó el secretario general del organismo, Petteri Taalas.
La agencia de la ONU también señaló que las muertes registradas para 2020 y 2021 eran inferiores a la media de la década anterior.
