Dos expertos* en derechos humanos han expresado este lunes en un comunicado su profunda preocupación ante la reciente modificación de una ley aprobada por el Congreso de Perú, que penaliza con fuertes multas el alquiler de viviendas a migrantes sin estatus migratorio regular.
“La vivienda es un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar”, afirman Balakrishnan Rajagopal,relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Felipe González Morales,relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
“Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad”, añaden.
Las estimaciones indican que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia. Miles de ellas corren el riesgo de quedarse sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
“Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan viviendas y alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación“, señalaron los expertos.
Coste para los peruanos también
La decisión del legislativo no sólo afectará a cientos de miles de personas migrantes, sino también a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos por alquiler.
Los expertos habían planteado el año pasado que la reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que “pone en riesgo los derechos humanos de la población migrante y refugiada en el país”.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que las nuevas disposiciones legales no cumplen con las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.
“Instamos al Tribunal Constitucional de Perú a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna”, concluyen los expertos.
*Los expertos que firman el comunicado son: Balakrishnan Rajagopal,relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada. Es profesor de Derecho y Desarrollo en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); Felipe González Morales,relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes desde 2017. Es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, donde también dirige un Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Las y los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
