En Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal se ha creado una enmarañada red de trata de personas a lo largo del Sahel, una región que se extiende casi 6000 kilómetros desde el océano Atlántico hasta el Mar Rojo y en la que viven más de 300 millones de personas.
La ONU describe al Sahel como una región en crisis: sus habitantes sufren una inseguridad constante, perturbaciones climáticas, guerras, golpes de estado y el auge de redes criminales y terroristas. Las agencias de la ONU estiman que más de 37 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2023, unos tres millones más que en 2022.
Cómo resolver el problema de la seguridad
La seguridad ha sido durante mucho tiempo un problema en la región, pero la situación se degradó notablemente en 2011, tras la intervención militar liderada por la OTAN en Libia, que condujo a la desestabilización en curso del país.
El consiguiente caos y la porosidad de las fronteras obstaculizaron los esfuerzos por frenar los flujos ilícitos, y los traficantes que transportaban armas de fuego libias robadas entraron en el Sahel al amparo de la insurgencia y la expansión del terrorismo.
Los grupos armados controlan actualmente amplias zonas de Libia, que se ha convertido en un importante foco de traficantes. La amenaza terrorista empeoró con la entrada en la región en 2015 del conocido grupo Estado Islámico (EIIL), según datos de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) del Consejo de Seguridad de la ONU.
En todos los mercados del Sahel se vende libremente una amplia gama de productos de contrabando, desde medicamentos falsos hasta fusiles de asalto AK.
Se calcula que cada año mueren 500.000 subsaharianos a causa del contrabando de medicamentos; en un solo episodio, 70 niños gambianos murieron en 2022 tras ingerir jarabe para la tos de contrabando. El combustible es otra mercancía con la que trafican los protagonistas: grupos terroristas, redes criminales y milicias locales.
Cerrar los corredores del crimen
Para luchar contra el tráfico y otras amenazas en constante evolución, un grupo de países de la región -Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad- formaron, con el apoyo de la ONU, la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco para el Sahel (G5 Sahel).
Al mismo tiempo, aumentan la cooperación transfronteriza y la lucha contra la corrupción. Las autoridades nacionales confiscaron toneladas de mercancías de contrabando y las actuaciones judiciales desmantelaron redes. Las asociaciones, como el acuerdo firmado recientemente entre Costa de Marfil y Nigeria, combaten el tráfico ilegal de drogas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) es un actor principal en los empeños por reforzar la seguridad frenando las tentativas de tráfico.
Así pues, en 2020, la operación KAFO II, coordinada por la ONUDD y la INTERPOL, logró desbaratar una ruta de suministro de los grupos terroristas en el Sahel. Los agentes incautaron un gran botín: 50 armas de fuego, 40.593 cartuchos de dinamita, 6162 municiones, 1473 kilogramos de cannabis y khat, 2263 cajas de drogas de contrabando y 60.000 litros de combustible.
Las Operaciones como KAFO II aportan información valiosa sobre la cada vez más compleja e interconectada estructura de este tipo de delitos. Además, muestran la importancia de vincular los casos relacionados con armas de fuego y los terroristas en distintos países, adoptando un enfoque regional.
Medidas contra la corrupción
Una serie de nuevos informes de la ONUDD corroboran estas conclusiones, identificando a los protagonistas, los facilitadores, las rutas y el volumen del tráfico, revelando los puntos en común entre la inestabilidad y el caos, y ofreciendo recomendaciones de actuación.
“La delincuencia organizada se aprovecha de las vulnerabilidades y también mina la estabilidad y el desarrollo del Sahel”, afirma François Patuel, jefe de la Unidad de Investigación y Sensibilización de la ONUDD. “Aunar esfuerzos y adoptar un enfoque regional conducirá a éxitos en la lucha contra la delincuencia organizada en la región”.
“La delincuencia organizada se alimenta de las vulnerabilidades y también socava la estabilidad y el desarrollo del Sahel”, afirma François Patuel, jefe de la Unidad de Investigación y Sensibilización de la ONUDD. “Aunar esfuerzos y adoptar un enfoque regional conducirá al éxito en la lucha contra la delincuencia organizada en la región”.
La crisis plantea una “amenaza a escala mundial
La lucha contra la delincuencia organizada es un pilar central en la batalla más amplia para hacer frente a la crisis de seguridad en la región, que el Secretario General de la ONU, António Guterres, plantea como una amenaza global.
“Si no se actúa, los efectos del terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada se dejarán sentir mucho más allá de la región y del continente africano”, advirtió Guterres en 2022. “Debemos replantearnos nuestro enfoque colectivo y ser creativos, superando los límites actuales”.
Cómo apoya la ONU a la población del Sahel
- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) apoya a la Fuerza del G5 para el Sahel en la aplicación y ejecución de medidas para limitar los daños a la población civil y combatir las violaciones de los derechos humanos
- La ONUDC se une habitualmente a socios, entre ellos la INTERPOL, para cortar las rutas de suministro
- El plan de respuesta a la crisis de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pretende ayudar a casi 2 millones de afectados al tiempo que aborda las causas estructurales de la inestabilidad, centrándose específicamente en la fragilidad transfronteriza
- La Organización Mundial de la Salud lanzó un llamado de emergencia para financiar proyectos sanitarios en la región en 2022, y trabaja con 350 socios sanitarios en seis países
- El Plan de Apoyo de las Naciones Unidas para el Sahel sigue fomentando la coherencia y la coordinación para una mayor eficiencia y obtención de resultados en el marco de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel (UNISS), de acuerdo con la resolución 2391 del Consejo de Seguridad
