La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este miércoles un nuevo informe sobre el mundo del trabajo. El documento explica cómo las crisis actuales están afectando de manera desproporcionada a los países en desarrollo, y a su vez empeorando las disparidades en materia de empleo a nivel mundial entre los países de altos y bajos ingresos. Esto amplía además la desigualdad ya exacerbadas por la pandemia de COVID-19. En otras palabras, las crisis se refuerzan mutuamente.
Bajo el título Brecha mundial en términos de ocupación: los países de ingreso bajo quedarán más rezagados si no se actúa en favor de los empleos y la protección social, la publicación revela que el desempleo mundial disminuirá a los niveles anteriores a la pandemia en 2023, alcanzando los 191 millones de personas, lo que corresponde a una tasa global de desempleo de 5,3%. Sin embargo, las estimaciones señalan que los países de bajos ingresos seguirán muy por detrás en el proceso de recuperación.
Según los autores, los países de bajos ingresos en África y en la región árabe tienen pocas probabilidades de recuperar en 2023 los niveles de desempleo anteriores a la pandemia. Por el contrario, otras regiones han logrado reducir sus tasas por debajo de los niveles anteriores a la crisis; en el caso de América Latina y el Caribe, se prevé un 6,7% de desempleo en comparación al 8% en 2019. En el caso de Europa, se estima una tasa del 6,3%, un porcentaje que alcanzaba el 7,0% en 2019.
Desear trabajar, pero no tener ocupación
Por su parte, un nuevo indicador desarrollado por la Organización, la brecha de empleo, ofrece una medida más específica de la demanda insatisfecha de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo. Este indicador comprende todas las personas que desearían trabajar pero no tienen una ocupación.
Las variaciones en la brecha de empleo apuntan a una disparidad mundial. Los países de bajos ingresos enfrentan una tasa más alta, un 21%, mientras que en los países de ingresos medios se sitúa en poco más de 11%. Los países de altos ingresos registran las tasas más bajas, de 8,2%. Además, los países de bajos ingresos constituyen el único grupo de países que ha registrado un incremento a largo plazo de la tasa, de 19,1% en 2005 a 21,5% en 2023, señala el informe.
Empleados de la confección de Bangladesh salen de una fábrica de ropa al final de su jornada laboral.
La deuda limita las respuestas políticas
Para los países en desarrollo, los crecientes niveles de la deuda reducen considerablemente el alcance de las políticas públicas. Las dificultades financieras y fiscales obstaculizan las respuestas a retos complejos, que incluyen conflictos, catástrofes naturales y crisis económicas que tienden a reforzarse mutuamente (policrisis), y agravan la brecha de empleo.
Según el informe, los países de bajos ingresos agobiados por la deuda enfrentan una brecha de empleo mucho más alta, de hasta 25,7% en 2023, frente a 11% en los países en desarrollo con bajo riesgo de sobreendeudamiento.
Ampliar la protección social
A pesar del contexto actual, los autores aportan nuevas pruebas de que mayores inversiones en políticas de protección social producirían beneficios económicos, sociales y reducirían la brecha mundial de empleo. Sin embargo, el documento evidencia que existen carencias significativas en este ámbito en los países en desarrollo.
En este sentido, el estudio analiza las pensiones básicas de vejez, en especial en los países de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos, donde sólo 38,6% y 23,2% de los ancianos reciben, respectivamente una pensión, frente a 77,5% a nivel mundial.
Sin embargo, la Organización señala que la introducción de esta pensión en los países en desarrollo aumentaría su PIB per cápita en un 14,8% en 10 años y reduciría la pobreza extrema (porcentaje de personas que viven con menos de 2,15 dólares diarios) en seis puntos porcentuales, lo que sería una disminución drástica de la tasa actual de 15,5%.
“La financiación de la protección social es difícil, pero no imposible”, sostiene el informe. Para los países en desarrollo, el costo anual de las pensiones de vejez al nivel de las líneas de pobreza nacional equivaldría a 1,6% de su PIB.
Dos trabajadoras tejen a mano telas tradicionales ma’awiz en Yemen.
Coalición Mundial para la Justicia Social
Según la Organización, el análisis aporta un argumento sólido a favor del apoyo financiero mundial para la creación de empleo y la protección social durante un período de múltiples crisis y perturbaciones, con el objetivo de garantizar que la recuperación y la reconstrucción no dejen a nadie atrás y permitan una transformación estructural a largo plazo.
El informe destaca la importancia vital de crear un espacio fiscal para las inversiones sociales en los países de bajos ingresos. Esto debe ser considerado con urgencia como parte de la discusión actual sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional.
“Las conclusiones de este informe nos recuerdan con fuerza las crecientes desigualdades mundiales. Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres”, declaró el director general de la Organización.
Gilbert F. Houngbo explicó que, en este contexto, la Organización está impulsando la Coalición Mundial para la Justicia Social. “Esta Coalición reunirá una gran diversidad de organismos multilaterales y partes interesadas. Ayudará a posicionar la justicia social como la piedra angular de una recuperación mundial, y hará que se convierta en una prioridad de las políticas y acciones nacionales, regionales y mundiales”, añadió.
