Expertos de la ONU* instan a los Estados a situar los derechos fundamentales en el centro del tratado internacional sobre la contaminación causada por el plástico que se está negociando actualmente, y advierten de un “maremoto tóxico” sintético que contamina el planeta.
En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, dos expertos** han hecho referencia los 400 millones de toneladas de residuos de este material que se generan al año y han denunciado que todas las fases de su ciclo de vida tienen repercusiones negativas sobre los derechos humanos.
“La producción de plástico libera sustancias peligrosas y depende casi exclusivamente de combustibles fósiles, mientras que el propio material contiene sustancias químicas tóxicas, lo que supone graves riesgos y daños para la salud humana y el medio ambiente”, han declarado los expertos.
Soluciones falsas y engañosas
Además, han explicado que al final de su ciclo como bien de consumo, sus residuos contaminan nuestro planeta, ya que el 85% de los plásticos de un solo uso se envían a vertederos o se arrojan al medio ambiente. Las soluciones falsas y engañosas, como la incineración o el reciclado de este material lleno de tóxicos, agravan la situación.
Los expertos advierten que, en la actualidad, el plástico, los microplásticos y las sustancias peligrosas que contienen pueden encontrarse en los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos.
Además, la contribución de este tipo de polución al cambio climático es alarmante, pero para los expertos, a menudo se pasa por alto. Un ejemplo es que las partículas de plástico que se encuentran en los océanos limitan la capacidad de los ecosistemas marinos para eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera.
Zonas de sacrifico
“Aunque todo el mundo se ve afectado por las repercusiones negativas del plástico, el nivel de exposición a la contaminación y sus residuos afectan más a las comunidades marginadas”, declaran los expertos.
Es especialmente preocupante la situación de los grupos que están expuestos a una mayor exposición a la contaminación por plásticos y a injusticias medioambientales al habitar las llamadas “zonas de sacrificio”.
Estas zonas son lugares donde se han establecido fábricas, minas y refinerías cuyas actividades han liberado un alto contenido de sustancias tóxicas, contaminando el aire, el suelo y el agua, y amenazando la salud de las personas que viven en las cercanías.
Los expertos expusieron en un informe distintos casos a nivel global. En la región de América y el Caribe, hicieron referencia a zonas como La Oroya, Perú, donde el 99% de los niños presentan niveles elevados de plomo en la sangre al vivir cerca de una fundidora de plomo.
El informe señala además que comunidades indígenas Wayuú, en Colombia, sufren de enfermedades respiratorias y elevados niveles de sustancias tóxicas en la sangre ante la contaminación y el agua por la mina de carbón de El Cerrejón.
La extracción de petróleo ha contaminado las aguas de zonas como Vaca Muerta, en Argentina, y la falta de mantenimiento de las refinerías en Venezuela ha dejado a la población expuesta a derrames petrolíferos en zonas como Paraguaná.
Derecho a un medio ambiente sano
“Resulta estremecedor comprobar cómo la omnipresencia de los plásticos repercute en los derechos humanos de muy diversas maneras, como el derecho a un medio ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a un nivel de vida adecuado”, defienden los expertos.
En este sentido, recuerdan que los Estados y las empresas tienen obligaciones específicas en materia de derechos fundamentales que se aplican en el contexto de la lucha contra la contaminación por plásticos.
Por ejemplo, en los dos últimos años, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU adoptaron resoluciones históricas que reconocen el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, lo que incluye entornos no tóxicos en los que las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar.
Esto debería impulsar las iniciativas para hacer frente a la situación, aseguraron los expertos, quienes acogieron con satisfacción los avances de los Estados en la formulación de una regulación global e internacionalmente vinculante e instaron a que se complete a finales de 2024.
“Es urgente dar prioridad a la reducción de la producción y el uso del plástico, a la desintoxicación y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, finalizaron.
*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Los expertos** son: David R. Boyd, relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Marcos Orellana, relator especial sobre tóxicos y derechos humanos.