“La mitad de la población mundial sigue creyendo que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40% cree que los hombres son mejores ejecutivos que las mujeres”, afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe sobre el Índice de Normas Sociales de Género.
“Las normas sociales que menoscaban los derechos de la mujer perjudican a la sociedad en general y frenan la expansión del desarrollo humano”, afirmó el jefe de la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, Pedro Conceição.
Menos igualdad, menos derechos
Un asombroso 25% de las personas cree que está justificado que un hombre golpee a su mujer, según el informe, que refleja los últimos datos de la Encuesta Mundial de Valores.
El informe sostiene que estos prejuicios impulsan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, que se manifiestan en un desmantelamiento de sus derechos en muchas partes del mundo, con movimientos contra la igualdad de género que ganan terreno y, en algunos países, un aumento de las violaciones de los derechos humanos.
Los prejuicios también se reflejan en la grave infrarrepresentación de las mujeres en puestos directivos. De media, la proporción de mujeres como jefas de Estado o de Gobierno se ha mantenido en torno al 10% desde 1995, y en el mercado laboral las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos ejecutivos.
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Eslabones rotos en marcha
El informe también arroja luz sobre un vínculo roto entre el progreso de la mujer en la educación y la capacitación económica. Las mujeres están más cualificadas y formadas que nunca, pero incluso en los 59 países donde las mujeres tienen ahora más estudios que los hombres, la diferencia media de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo del 39% a favor de los hombres.
“La falta de avances en las normas sociales de género se está produciendo en el marco de una crisis de desarrollo”, afirmó Conceição, señalando que el Índice de Desarrollo Humano mundial descendió en 2020 por primera vez en la historia y de nuevo al año siguiente.
“Todo el mundo saldrá ganando si se garantiza la libertad y la autonomía de la mujer”, añadió.
El papel crucial de los gobiernos
El informe subraya que los gobiernos tienen un papel crucial en el cambio de las normas sociales de género, desde la adopción de políticas de permiso parental, que han cambiado las percepciones en torno a las responsabilidades del trabajo de cuidados, hasta las reformas del mercado laboral que han llevado a un cambio en las creencias en torno a las mujeres en la fuerza de trabajo.
“Un punto de partida importante es reconocer el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado”, afirmó la directora del equipo de género de la agencia.
Raquel Lagunas declaró que “esta puede ser una forma muy eficaz de cuestionar las normas de género. En los países con los mayores niveles de prejuicios de género contra las mujeres, se estima que ellas dedican seis veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado.”
El cambio es posible
El informe subraya que, a pesar de la persistencia de los prejuicios contra las mujeres, el cambio es posible.
En 27 de los 38 países estudiados se observó un aumento de la proporción de personas sin prejuicios en ningún indicador. Los autores del informe afirmaron que, para impulsar el cambio hacia una mayor igualdad de género, hay que centrarse en ampliar el desarrollo humano a través de la inversión, los seguros y la innovación.
Esto incluye invertir en leyes y medidas políticas que promuevan la igualdad de las mujeres en la participación política, ampliar los mecanismos de seguridad, como el fortalecimiento de la protección social y los sistemas de atención, y fomentar intervenciones que sean particularmente eficaces para desafiar las normas sociales nocivas, las actitudes patriarcales y los estereotipos de género.
Por ejemplo, la lucha contra la incitación al odio en internet y la desinformación sobre cuestiones de género puede ayudar a cambiar las normas dominantes hacia una mayor aceptación e igualdad, según el informe.
El documento recomienda abordar directamente las normas sociales mediante la educación y la implementación de políticas que fomenten la igualdad de género, y cambios a nivel legislativo que reconozcan los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida, y una mayor representación en la toma de decisiones y en los procesos políticos.
