“Las autoridades israelíes están cometiendo la mayoría de las violaciones como parte del objetivo del gobierno israelí de consolidar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino”, aseveró este martes la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.
Navi Pillay, presidenta de ese equipo investigador establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2021, presentó el segundo informe de la Comisión, centrado en los ataques, restricciones y acoso a la sociedad civil palestina e israelí, sobre todo a los grupos que defienden la autodeterminación del pueblo palestino.
Los hallazgos de la pesquisa revelaron que el gobierno israelí ha restringido cada vez más el espacio cívico a través de una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil palestina e israelí, para sofocar la disidencia, frustrar las instituciones y prácticas democráticas y fortalecer el autoritarismo.
“Esto incluye criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil palestina y a sus miembros etiquetándolos como ‘terroristas’ y amenazando a las instituciones que brindan una plataforma para el discurso de la sociedad civil”, explicó Pillay, y abundó que también implica presionar a los donantes e implementar medidas para recortar o finalizar la financiación.
De acuerdo con la Comisión, esta estrategia se implementa hacia activistas y organizaciones de la sociedad civil israelíes y palestinas, e internacionalmente hacia defensores de los derechos de los palestinos en todo el mundo, con el apoyo de organizaciones de extrema derecha.
Edificios destruidos en Gaza por los ataques aéreso israelíes.
Abusos generalizados
Pillay refirió asimismo que las autoridades israelíes han utilizado métodos punitivos para disuadir e interferir las actividades de los miembros de la sociedad civil palestina, citando arrestos y detenciones arbitrarias, detenciones administrativas, prohibiciones de viaje y restricciones de movimiento, deportaciones y revocación de documentos de identidad y residencia como prácticas generalizadas contra miembros de la sociedad civil.
Además, denunció que las autoridades israelíes han sometido a defensores de los derechos humanos palestinos, incluidos periodistas, a malos tratos mientras se encuentran detenidos.
En este renglón, la experta señaló que las agencias de seguridad de la Autoridad Palestina y las autoridades de Gaza también se han valido de detenciones, tortura y malos tratos para castigar e intimidar a opositores.
Añadió que la legislación antiterrorista es innecesaria, desproporcionada y viola las leyes internacionales de derechos humanos.
Agresiones a periodistas, activistas y mujeres de ambos pueblos
El informe también halló hostigamiento, agresiones, difamación, arrestos, y otros abusos israelíes contra los periodistas palestinos, e indicó que sus pares israelíes son monitoreados, acosados y trabajan con miedo a las represalias.
Los defensores palestinos e israelíes de los derechos humanos son otro blanco de agresiones por parte de actores estatales y no estatales, con especial foco en las mujeres activistas de ambos pueblos.
“Encontramos que la falta de rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia sexual, permite y alienta el ataque a las mujeres defensoras de los derechos humanos”, dijo Pillay.
Familias palestinas viviendo muy cerca de los asentamientos en la zona H2 de Hebrón, en Cisjordania.
Escalada de hostilidades y asentamientos
La Comisión habló del deterioro de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, aludiendo a la escalada de hostilidades registrada el mes pasado en Gaza, que dejó civiles muertos y daños materiales. Mencionó también los civiles muertos en Israel por los ataques con cohetes desde Gaza.
“Estamos alarmados por el elevado número de civiles. (…) En 2023, las autoridades israelíes continuaron despojando a los palestinos de su identidad, tierra y medios de vida en la Cisjordania ocupada, incluso mediante la expansión de asentamientos y puestos de avanzada ilegales, con el objetivo de seguir avanzando en la ocupación permanente y la anexión. Al mismo tiempo, la violencia de los colonos es cada vez más frecuente y grave y ahora es una realidad diaria para los palestinos”, apuntó.
En este sentido, la Comisión recomendó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a dar prioridad a la investigación de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, “incluida la identificación de los perpetradores directos, a los que ejercen la responsabilidad de mando y las personas que ayudan o incitan a la comisión de delitos de la competencia de la Corte”.
Asimismo, la Comisión llamó a Israel a cumplir plenamente con sus obligaciones legales internacionales y a poner fin a la ocupación.
Los asentamiento violan la ley internacional, recuerda António Guterres
El Secretario General de la ONU también se ha pronunciado repetidamente contra la política de asentamientos israelí y ayer por la noche hizo patente su preocupación por el anuncio del gobierno israelí de que modificará los procedimientos para acelerar el avance de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental.
En un comunicado, António Guterres citó con alarma el avance previsto para la próxima semana de más de 4000 unidades de vivienda en asentamientos.
Guterres reiteró que esos asentamientos constituyen una violación flagrante del derecho internacional y son un obstáculo importante para la realización de una solución viable de dos Estados y una paz justa, duradera y amplia.
“La expansión de estos asentamientos ilegales exacerba las tensiones y la violencia y profundiza las necesidades humanitarias. Afianza aún más la ocupación del territorio palestino por parte de Israel, invade la tierra y los recursos naturales palestinos, obstaculiza la libre circulación de la población palestina y socava los derechos legítimos del pueblo palestino a la libre determinación y la soberanía”, recalcó.
El Secretario General instó al gobierno de Israel a detener y revocar esas decisiones y a cesar de inmediato y por completo todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados, respetando plenamente sus obligaciones legales en ese renglón.
Además, pidió tomar medidas concretas para implementar los compromisos asumidos en los Comunicados Conjuntos en Aqaba, Jordania y Sharm al-Sheik, Egipto.
