El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución para fortalecer la garantía de derechos humanos y la construcción de la paz en Colombia.
Con 28 votos a favor y 19 abstenciones, la adopción del texto impulsado por la propia Colombia y casi 40 países dispone aumentar la asistencia técnica de la ONU para que se desarrollen las capacidades que permitan la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
A la letra, el texto pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “que proporcione e intensifique su asistencia técnica” a las autoridades nacionales y locales por un periodo renovable de dos años para implementar esas recomendaciones.
Según el documento, a través de su Oficina de Derechos Humanos en el país sudamericano, la ONU cooperaría con los gobiernos de todos los niveles para que todas las instancias pertinentes dediquen atención especial a las víctimas y apliquen una perspectiva de género “que tenga en cuenta los orígenes étnicos y sus diferentes necesidades”.
Dicho respaldo al trabajo gubernamental se llevará a cabo “en las esferas de la investigación de violaciones y abusos de los derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario y corrupción, derechos humanos y reforma del sector de la seguridad, protección de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos”, al igual que en la “definición y elaboración de una política pública para una cultura de paz”, explica la resolución.
Experto internacional
Además, la resolución solicita al Consejo que nombre a la brevedad posible a un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016, al igual que las consecuencias de esas dificultades para el disfrute pleno de los derechos humanos en virtud de las leyes internacionales y el derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia.
El experto también deberá elaborar recomendaciones y presentar al Consejo un informe antes de que termine 2023.
La resolución reconoce el compromiso mostrado por Colombia y América Latina y el Caribe con la consolidación de una paz permanente basada en “la igualdad de derechos, la equidad económica y la justicia social para todos”.
Además, destaca el papel positivo de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en la promoción de esas garantías y da fe de la política de colaboración del gobierno colombiano con organizaciones y entidades internacionales de derechos humanos, recordando que el Alto Comisionado tiene una oficina permanente en el país desde 1997 desempeñando funciones de monitoreo y asistencia técnica.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos estuvo presente Juliette Rivero, representante en el país del Alto Comisionado de la ONU, quien afirmó que gracias a la resolución se fortalecerá el trabajo de protección de los activistas de derechos humanos en toda Colombia.
“Vamos a acompañar de mejor manera las reformas al sistema de seguridad, y la integración de un enfoque de derechos humanos”, declaró.
