La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
Nicaragua pidió a la Corte que le concediera una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (370 km) desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
La jueza Joan E. Donoghue leyó la decisión a la que llegó el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, cuyas sentencias son legalmente vinculantes y finales. “Por trece votos contra cuatro, [la Corte] rechaza la solicitud presentada por la República de Nicaragua para que la Corte adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada de arcos de 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua”.
Antecedentes
El litigio entre Colombia y Nicaragua por esta zona marítima, rica en recursos pesqueros y minerales, se ha prolongado durante décadas. El archipiélago se localiza a unos 800 kilómetros de la costa noroeste de Colombia y a 240 kilómetros de la costa nicaragüense. Además de la soberanía de las islas y varios cayos, la disputa entre Colombia y Nicaragua incluye un área de 50.000 kilómetros de aguas pesqueras.
En 2012, por un fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero perdió casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar con los que Nicaragua obtuvo algunos yacimientos submarinos de petróleo y gas, así como derechos de pesca.
En noviembre de 2013, Nicaragua presentó una querella por presuntas violaciones de Colombia de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, que incumplían la sentencia de 2012 en la que la Corte Internacional de Justicia marcó los nuevos límites marítimos entre los dos países.
En su demanda, Nicaragua afirmó que la Armada colombiana realizaba operaciones en la zona exclusiva nicaragüense recientemente demarcada por La Haya, arguyendo el derecho a emprender operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado y proteger a los residentes del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como de proteger la reserva de la biósfera.
Colombia contrademandó dos veces, argumentando que Nicaragua violaba los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia para explotar sus bancos de pesca, y que se adjudicaba unilateralmente zonas marítimas en detrimento de Colombia.
Finalmente, en abril de 2022, el organismo emitió un fallo donde sentenció que Colombia había violado “los derechos soberanos y la jurisdicción” de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
