La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea confirmaron este jueves que julio de 2023 será el mes más caluroso jamás registrado.
Según los datos de esos organismos especializados, este mes ha experimentado el lapso de tres semanas más caluroso, los tres días más calientes y las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año que se hayan documentado nunca.
“Necesitamos nuevos y ambiciosos objetivos nacionales de reducción de emisiones por parte de los miembros del G20”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas.
António Guterres reiteró, además, la necesidad de “que los países desarrollados se comprometan a alcanzar las emisiones netas cero lo más cerca posible de 2040, y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050, con el apoyo de los países desarrollados para lograrlo”.
Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha señalado este jueves que el total de casos judiciales en materia de cambio climático se ha incrementado en más del doble desde 2017. El hallazgo, recogido en un informe elaborado en colaboración con la Universidad de Columbia, evidencia que este tipo de litigación “se está convirtiendo en una parte esencial para garantizar la acción y la justicia climáticas”.
Guatemala debe garantizar la integridad del proceso electoral
El Alto Comisionado reiteró el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas contra cualquier coacción, interferencia arbitraria o ilegal con los procesos de votación y las normas electorales en Guatemala.
En concreto, Volker Türk pidió a las autoridades que garanticen que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos puedan trabajar de manera independiente y libre de cualquier interferencia indebida.
Después de revisar los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó que los candidatos de los partidos Semilla y UNE competirían en la segunda vuelta del 20 de agosto.
Tras esos resultados, el Ministerio Público solicitó la suspensión del partido Semilla por presuntas irregularidades, realizó operaciones de allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y en la sede del partido, y emitió órdenes de detención contra dos fundadores del partido y contra la subdirectora del Registro.
“Las autoridades deben garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto de la voluntad de los votantes”, reiteró el Alto Comisionado.
Ecuador: Los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó el jueves su profunda preocupación por el reciente aumento de la violencia, alimentado en parte por bandas que se disputan el control del narcotráfico, la violencia ejercida por las bandas dentro y fuera del sistema penitenciario, y un preocupante retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
El 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, y en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas han sido agredidos o amenazados de muerte. En respuesta, el gobierno decretó el estado de excepción y toques de queda en las provincias de Durán, Manabí y Los Ríos. Por otra parte, la situación en el sistema penitenciario ha seguido deteriorándose, señaló la Oficina del Alto Comisionado.
En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y empresas mineras y autoridades, por otro. Estos incidentes se produjeron tras la promulgación de un decreto que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa a las comunidades indígenas. La policía y el ejército habrían hecho presuntamente uso de la fuerza contra las comunidades.
Volker Türk subrayó que los estados de excepción deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación e hizo un llamamiento para una reforma integral del sistema de justicia penal, y alentó las autoridades a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas emitida en 2022.
Por otra parte, subrayó que, según las normas internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras. “Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas”, declaró el Alto Comisionado.
“Sólo las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social”, finalizó.