Cuatro relatores especiales y tres Grupos de Trabajo expertos en derechos humanos* alertaron este martes de que las mujeres haitianas embarazadas y puérperas que buscan atención médica y asistencia se enfrentan a intimidaciones, detenciones y deportaciones en la República Dominicana.
Según las informaciones recibidas por los especialistas, las mujeres habrían sido detenidas durante sus revisiones médicas por funcionarios de la Dirección General de Migración, que realizan redadas en hospitales públicos de Santo Domingo y de distintas partes del país.
Los expertos señalaron que algunas de esas detenidas habrían sido deportadas inmediatamente, sin oportunidad de apelar la decisión, en tanto que otras fueron trasladadas brevemente a centros de detención antes de ser deportadas.
Además, reportaron que varios menores no acompañados están siendo deportados a Haití.
Violación del principio de no devolución
Estas prácticas discriminatorias someterían a las mujeres y niños migrantes haitianos a riesgos de devolución y abusos contra los derechos humanos sin una evaluación individualizada y objetiva del riesgo, vulnerando el principio de no devolución, consagrado en la Convención contra la Tortura y otros tratados internacionales, apuntaron.
El principio de no devolución se aplica a todas las formas de expulsión, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio.
Efectos graves en la salud
Tras subrayar su alarma por estos arrestos, detenciones y deportaciones de mujeres migrantes haitianas embarazadas o que han dado a luz recientemente en territorio dominicano, los relatores advirtieron que las restricciones en la prestación de servicios sanitarios esenciales, incluido el seguimiento prenatal y postnatal, tienen graves efectos negativos en la salud de las mujeres y los niños.
Entre dichos efectos negativos, refirieron que el miedo a la deportación puede disuadir a las mujeres migrantes irregulares haitianas de buscar asistencia médica cuando la necesitan, lo que limita su acceso a los servicios sanitarios y pone en peligro sus vidas.
Recalcaron que la República Dominicana debe poner fin a esas prácticas de intimidación, detención y deportación.
Todas las personas migrantes deben recibir servicios públicos básicos
Los expertos consideraron que es fundamental “establecer cortafuegos entre el control de la migración y los servicios públicos, de modo que todas las personas migrantes, independientemente de su estatus, puedan acceder a los servicios esenciales sin temor a ser detectadas, detenidas o deportadas”.
Las estimaciones indican que actualmente viven en la República Dominicana entre 650.000 y un millón de haitianos y si bien la Constitución del país establece que todas las personas que nazcan en su territorio son ciudadanos dominicanos, en la realidad ese derecho se les niega sistemáticamente.
De acuerdo con despachos de prensa, en 2022 fueron deportadas al menos 300 mujeres haitianas embarazadas.
Los firmantes del comunicado son: Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Barbara G. Reynolds (Presidenta), Bina D’Costa, Catherine S. Namakula, Dominique Day, and Miriam Ekiudoko, Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; Sra. Priya Gopalan (Presidenta), Sr. Matthew Gillett (Vicepresidente de comunicaciones), Sra. Ganna Yudkivska (Vicepresidenta de seguimiento), Sra. Miriam Estrada-Castillo, y Sr. Mumba Malila – Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Dorothy Estrada-Tanck (Presidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane and Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Ms. Ashwini. K.P. Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
* Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
