Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva sin discriminación es una de las obligaciones permanentes de los Estados, sobre todo en las situaciones de emergencia y las crisis humanitarias, subrayaron varios expertos de la ONU en derechos humanos* en un comunicado conjunto publicado este lunes.
Los derechos de salud sexual y reproductiva son interdependientes de otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad sustantiva y la prohibición de discriminación, explicaron.
En vísperas de los días Mundial de la Anticoncepción e Internacional del Aborto Seguro, por celebrarse el 26 y 28 de septiembre, respectivamente, los expertos recordaron que los derechos sexuales y reproductivos también están directamente relacionados con el desarrollo equitativo y sostenible y con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lamentaron que, pese a esto, dichas garantías se cuenten entre las más politizadas por los opositores a los derechos humanos.
Los derechos retroceden perjudicando a las mujeres
En este sentido, agregaron que mientras que en algunos países se ha despenalizado el aborto, en muchos otros los derechos de salud sexual y reproductiva se descuidan crónicamente o corren el riesgo de retroceder, con consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas.
Los relatores especiales alertaron de que en los escenarios de emergencia, de crisis humanitaria o de conflicto, se agudiza el riesgo de violaciones de los derechos de salud sexual y reproductiva, con las mujeres y las niñas especialmente vulnerables a sufrir daños graves.
Además la comunidad LGBTIQA+, y los grupos étnicos y raciales marginados, los desplazados y los perseguidos políticos padecen una mayor marginación durante las situaciones de crisis.
Asignación adecuada de recursos
Los expertos manifestaron alarma por el cariz que ha tomado la situación de los derechos sexuales y reproductivos en muchos países y llamaron a los Estados a asignar recursos para el suministro sostenido y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, y el acceso al aborto legal y seguro, regulando la objeción de conciencia.
“Las situaciones de crisis pueden estallar de forma inesperada y es importante que cada persona reciba educación sexual integral para poder tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en todo momento”, apuntaron, destacando la importancia de que haya acceso a la información pertinente sobre los servicios de salud sexual y reproductiva.
Para facilitar esa información, recomendaron valerse, entre otros vehículos de las tecnologías digitales, aunque con salvaguardas sólidas de derechos humanos.
No discriminación, igualdad y rendición de cuentas
Asimismo abogaron por la promoción, protección y respeto a la salud sexual y reproductiva por medio de políticas inclusivas, servicios sostenibles y bien financiados, y una gestión basada en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y ajustada a los principios de no discriminación, igualdad, empoderamiento, participación y rendición de cuentas.
“Los esfuerzos políticamente motivados y basados en una ideología que hacen retroceder los derechos de las mujeres deben ser denunciados y derrotados colectivamente”, enfatizaron.
Los expertos instaron a los gobiernos, las ONG, el sistema de la ONU y otros socios a atender a los grupos de población más vulnerable para ayudar a la construcción de sociedades más saludables y justas para todos.
Finalmente, reconocieron a los movimientos feministas que defienden los derechos humanos de las mujeres a la autonomía de su cuerpo, así como la igualdad de género para todos, y exhortaron apoyar su trabajo.
Los expertos firmantes son: Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho a la salud; Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas.
* Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
