Al acercarse a la mitad del plazo de 15 años previsto para la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, el Secretario General de la ONU consideró que el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”.
Divulgado este viernes, el informe de António Guterres correspondiente al periodo de junio a septiembre sobre la Misión de Verificación de la ONU en ese país, señala que este año también ha servido para poner en marcha otras ambiciosas iniciativas en el marco de la política de paz total del gobierno de Petro.
Tras reconocer estas acciones positivas, Guterres subrayó que todavía quedan por cumplirse los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables, por lo que se deben redoblar los esfuerzos en ese sentido.
Aumentar la presencia del Estado
Además, hace falta aumentar la presencia del Estado en todos los territorios, apuntó el titular de la ONU, agregando que se trata de “una responsabilidad y una forma de demostrar voluntad política y fortalecer la legitimidad del Estado”.
Explicó que hacer patente esa voluntad política tendrá implicaciones prácticas a medida que el gobierno se embarque en nuevas negociaciones de paz.
En este renglón, citó los recientes progresos en las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), “que reflejan la determinación de ambas partes de poner fin a décadas de conflicto”.
Reforma agraria
El informe da cuenta de los trabajos para acelerar la implementación de la reforma rural integral, y recuerda que la entrega de tierras y el apoyo a la producción a campesinos sin tierra, mujeres y víctimas es fundamental para materializar estos esfuerzos.
También destaca el lanzamiento en agosto del sistema nacional de reforma agraria, un mecanismo clave de coordinación interinstitucional con el objetivo de asegurar una implementación coherente, incluyendo el fomento de la participación de campesinos, mujeres y organizaciones indígenas y afrocolombianas.
Para llevar adelante esta iniciativa, António Guterres llamó al sector privado, al campesinado y a todos los demás actores involucrados a dar prioridad al diálogo como instrumento principal para fomentar el progreso y alcanzar objetivos comunes.
La violencia continúa
Por otra parte, lamentó la violencia contra exmiembros de las FARC-EP, especificando que 15 excombatientes fueron asesinados durante este periodo para sumar 394 homicidios de excombatientes de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo Final.
Asimismo, reportó que entre el 27 de junio y el 30 de agosto de 2023, más de 8550 personas debieron desplazarse y 27.183 fueron confinadas, para alcanzar un total de 87.098 personas afectadas en lo que va del año, una reducción del 31% en comparación con el mismo periodo de 2022.
También se denunciaron 52 asesinatos de activistas de derechos humanos (cuatro verificadas, 44 en proceso de verificación y cuatro no concluyentes, lo que mara una disminución del 13% respecto al año anterior.
Guterres instó al Gobierno a tomar medidas para garantizar la seguridad y protección de todas la comunidades y pidió investigaciones inmediatas que lleven a los responsables ante la justicia.
Desmantelamiento de grupos armados
El informe resalta que durante el periodo en cuestión se aprobó la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, un instrumento largamente esperado para detener la violencia en las zonas afectadas por el conflicto y llama a todos los grupos armados a poner fin a los ataques contra la población civil y a participar de buena fe en las iniciativas de paz en curso.
Con respecto a la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, encomia la estrategia para promover el acceso de estas personas al empleo, ofreciendo incentivos a las empresas privadas y fomentando el empleo en el sector público.
Según datos de la ONU, el 77,6% de los excombatientes participan en proyectos productivos patrocinados por el Estado y hay 218 cooperativas (56 dirigidas por mujeres) que agrupan a unos 7000 excombatientes.
El informe también se refiere a los avances en los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y considera que la pronta emisión de las primeras sanciones será esencial para el proceso de justicia transicional.
El informe se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 11 de octubre.
