La relatora especial sobre la tortura* señaló este jueves que Chile ha logrado notables avances en materia de derechos humanos, tras concluir una visita al país que coincidió con el cuarto aniversario del estallido social en el país.
Alice Jill Edwards examinó los esfuerzos realizados para reformar las operaciones de control de multitudes y las armas utilizadas por la policía nacional, Carabineros de Chile, en respuesta a esos disturbios.
En octubre de 2019, miles de personas tuvieron que buscar tratamiento de emergencia como resultado de la excesiva respuesta policial. Esto incluyó a alrededor de 350 personas que sufrieron lesiones oculares graves y en algunos casos ceguera. Los alegatos de violencia sexual, apremios ilegítimos y tortura siguen en investigación.
“Aunque se han producido algunos avances, aún es necesario implementar más reformas”, indicó Edwards. “La munición de doce tiros se sustituyó por la de tres, pero pido al Gobierno que vaya aún más lejos para garantizar que los agentes del orden únicamente utilicen armas de un solo tiro. También deben retirarse los perdigones u otras balas de goma con plomo”, afirmó.
La relatora especial advirtió que la munición y los lanzadores que contienen proyectiles múltiples no son seguros. “Son inadecuados, atacan objetivos de forma indiscriminada y arbitraria, y suponen un riesgo significativo para los transeúntes”, declaró.
La sombra de la tortura aún sobrevuela el país
Edwards afirmó que los diecisiete años de dictadura de Pinochet en Chile se caracterizaron por la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias, con un desprecio sin límites por el estado de derecho y por la vida y la dignidad de los seres humanos.
En este sentido, y al cumplirse 50 años del golpe militar, elogió a Chile por los avances en materia de derechos humanos desde la caída del régimen dictatorial en 1990, pero advirtió contra la autocomplacencia.
“La sombra de la tortura aún sobrevuela el país y ha dejado profundas huellas en los cuerpos y las mentes de los chilenos, aunque muchos no tengan memoria viva de ella”, dijo Edwards. “Los efectos de la tortura a una escala tan amplia los sienten sus víctimas directas y sus familiares y también la sociedad en su conjunto”.
Agilizar los procedimientos y proporcionar más recursos
La visita, que abarcó cuatro regiones, tenía por objeto evaluar los avances que ha hecho Chile en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de prohibición y prevención de la tortura. La relatora especial también hizo recomendaciones sobre los retos a los que se enfrentan las autoridades, entre ellos proporcionar recursos legales y rehabilitación a las víctimas y sobrevivientes.
“Aunque se reconocen los numerosos procesos que se han puesto en marcha para hacer frente a la tortura, la lentitud de la justicia puede resultar agobiante para los sobrevivientes. He observado que una pequeña parte de los acusados han sido procesados y aún menos condenados”, declaró Edwards. “Se deben investigar todos los actos de tortura y malos tratos, tanto pasados como presentes, y deben tomarse medidas para evitar que se repitan”.
Evaluación de centros penitenciarios
Durante su visita, Edwards también evaluó las condiciones y el trato a las personas privadas de libertad en diversos lugares, como cárceles, instituciones psiquiátricas, celdas de los juzgados, comisarías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) y centros de justicia juvenil. Espera que sus observaciones preliminares se tengan en cuenta durante la revisión del Reglamento Penitenciario por parte de las autoridades.
“Diversos sectores han emprendido numerosas e importantes reformas jurídicas e institucionales para inculcar una cultura de derechos humanos en todo el país y dentro de las instituciones. Felicito al Estado de Chile por la arquitectura de derechos humanos que ha construido, aunque se necesitan más ajustes”.
Los esfuerzos del país han aumentado significativamente las normas de conducta profesional y reducido el uso de la tortura y otras formas de malos tratos, concluyó la experta.
*Alice Jill Edwards, relatora especial sobra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes forma parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
