Una docena de organismos de la ONU reiteraron este lunes sus llamamientos urgentes en favor de un alto el fuego humanitario inmediato que permita la entrada en Gaza de más ayuda vital.
Todas las partes deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, insistieron los responsables de las agencias.
En su declaración conjunta, los responsables de las agencias humanitarias calificaron de “atrocidad” la matanza de un gran número de civiles en Gaza. También el hecho de que los 2,2 millones de habitantes del enclave sigan sin recibir alimentos, agua, medicinas, electricidad ni combustible.
Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el número de muertos desde el 7 de octubre asciende a 9770, entre ellos 4008 niños y 2550 mujeres, informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
Hasta el 4 de noviembre, se registraron más de 100 ataques contra infraestructuras sanitarias que causaron la muerte o heridas a cerca de 1000 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 14 de los 35 hospitales de Gaza han dejado de funcionar, y no pueden acoger a las más de 23.000 personas que han resultado heridas en Gaza desde el 7 de octubre y necesitan tratamiento.
Por su parte, el Secretario General declaró este lunes que, según los informes, “en un periodo de cuatro semanas han muerto más periodistas que en ningún otro conflicto en al menos tres décadas”. En esta misma línea, “más trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas han sido asesinados que en cualquier otro periodo comparable en la historia de nuestra organización”, señaló.
La ONU y sus socios lanzaron este lunes un llamamiento humanitario de 1200 millones de dólares para ayudar a 2,7 millones de personas. “Es decir, a toda la población de la Franja de Gaza y a medio millón de palestinos de Cisjordania, incluido Jerusalén Este”, especificó António Guterres.
Un niño busca entre los escombros de su casa afectada por el terremoto en Rukum Occidental, Nepal.
Otro seísmo sacude Nepal
Este lunes tuvo lugar un terremoto de 5,6 grados de magnitud en Nepal, tan solo tres días después de que ocurriera un primer seísmo que sacudió los distritos de Jajarkot y Rukum Occidental.
Con 6,4 grados de magnitud, el primer terremoto causó la muerte de 153 personas y 338 resultaron heridas, según las autoridades locales. Además, unas 4000 viviendas resultaron dañadas en los distritos más afectados.
En respuesta, los organismos de las Naciones Unidas han estado proporcionando alojamiento temporal, alimentos y otros artículos.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en el país declaró que “a pesar de la lejanía geográfica y de un entorno operativo difícil, las agencias de la ONU y los socios humanitarios están sobre el terreno apoyando los esfuerzos del gobierno y llegando a unos 3000 hogares con alimentos, refugio, agua, saneamiento e higiene, protección y apoyo sanitario”.
“Se han registrado más de 382 réplicas que han obligado a la población a pasar las noches a la intemperie o en refugios improvisados a temperaturas bajo cero. El impacto de este último terremoto está agravando las dificultades y vulnerabilidades de las comunidades con bajos indicadores socioeconómicos y mecanismos de supervivencia limitados”, añadió Hanaa Singer-Hamdy.
Mazar Shah, antiguo cultivador de adormidera, riega su huerta en el distrito de Surkhrud, provincia de Nangarhar, Afganistán.
El cultivo de opio disminuye un 95% en Afganistán
Según el Estudio sobre el Opio en Afganistán 2023, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) este domingo, la oferta de opio se redujo en un 95% desde que las autoridades de facto impusieron una prohibición de las drogas el año pasado.
En cifras, la oferta disminuyó de 6200 toneladas en 2022 a 333 toneladas en 2023, lo que corresponde a una caída de la superficie cultivada, de 233.000 hectáreas a sólo 10.800 hectáreas en el mismo periodo.
Se espera que la contracción casi total de la economía del narcótico tenga consecuencias de gran alcance, dijo la agencia, destacando la urgente necesidad de apoyo al desarrollo alternativo para las comunidades rurales con el fin de construir un futuro libre de esta sustancia para el pueblo afgano.
En concreto, los ingresos de los campesinos por la venta a los comerciantes del opio cosechado en 2023 cayeron en más de un 92%, pasando de los 1360 millones de dólares estimados para la cosecha de 2022 a los 110 millones de dólares de 2023, señala el estudio.
“Hoy, el pueblo de Afganistán necesita ayuda humanitaria urgente para satisfacer sus necesidades más inmediatas, para absorber el impacto de la pérdida de ingresos y para salvar vidas”, declaró la directora ejecutiva de la agencia.
Ghada Waly añadió que, en los próximos meses, el país requerirá una fuerte inversión en medios de vida sostenibles, para proporcionar a los agricultores oportunidades y alternativas.
La producción y el consumo de alimentos están estrechamente interconectados con el medio ambiente y la salud.
Un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicado este lunes señala que los sistemas agroalimentarios actuales imponen enormes costes ocultos a la salud, el medio ambiente y la sociedad, equivalentes al menos a 10 billones de dólares al año. Esto representa casi el 10% del PIB mundial.
El estudio, que abarca 154 países, especifica que los mayores costes ocultos (más del 70%) se deben a dietas poco saludables, ricas en alimentos ultraprocesados, grasas y azúcares, que provocan obesidad y enfermedades no transmisibles, y causan pérdidas de productividad laboral. Estas pérdidas son especialmente elevadas en los países de renta alta y media-alta.
Una quinta parte de los costes totales están relacionados con el medio ambiente, por las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, el cambio de uso del suelo y el uso del agua. Se trata de un problema que afecta a todos los países y cuya magnitud está probablemente infravalorada debido a las limitaciones de los datos, señala el documento.
Los países de renta baja son proporcionalmente los más afectados por los costes ocultos de los sistemas agroalimentarios, que representan más de una cuarta parte de su PIB, frente a menos del 12% en los países de renta media y menos del 8% en los países de renta alta. En los países de renta baja, los costes ocultos asociados a la pobreza y la desnutrición son los más importantes.
El informe insta a los gobiernos a que contabilicen los costos reales, y así transformar los sistemas agroalimentarios con el fin de hacer frente a la crisis climática, la pobreza, la desigualdad y la seguridad alimentaria.
