A pocos días de cumplirse el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el máximo representante de las Naciones Unidas para el resguardo de esos derechos expresó alarma por la capacidad de las tecnologías digitales para remodelar las sociedades e influir en la política global y alertó de los riesgos que implican tales avances para las garantías fundamentales de las personas.
En un discurso pronunciado este jueves en la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Generativa y Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que el surgimiento de dicha tecnología es una paradoja del progreso.
“Por un lado, podría revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos y solucionamos algunos de nuestros desafíos más complejos. Por otro, aumenta los riesgos profundos de socavar la dignidad y los derechos humanos”, dijo.
Posibles efectos negativos
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos argumentó que se deben evaluar los múltiples campos en los que la inteligencia artificial puede tener efectos transformadores en sentido negativo, como en el combate a la discriminación, la participación política, las libertades civiles o el acceso a servicios públicos.
En este sentido, consideró crucial que los derechos humanos se integren a todo el ciclo de vida de las tecnologías de inteligencia artificial, y explicó que esto requiere de un esfuerzo concertado de los gobiernos y las corporaciones para establecer marcos eficaces de gestión de riesgos y barreras operativas.
Responsabilidad y rendición de cuentas empresariales
“Más que ninguna otra cosa, la inteligencia artificial generativa precisa gobernanza. Y esa gobernanza debe basarse en los derechos humanos. También debe ser capaz de promover una conducta empresarial responsable y la rendición de cuentas por los daños a los que contribuyen las empresas”, puntualizó.
Türk agregó que si bien en la actualidad existe un reconocimiento generalizado de la urgencia de gobernanza de esas tecnologías, las variadas iniciativas políticas para establecerla son inconsistentes y con frecuencia no dan a los derechos humanos el énfasis adecuado, lo que podría resultar en un marco regulatorio fragmentado y con diferentes definiciones de conducta ética.
Ante esta falta de consistencia, recalcó que hace falta que todos los Estados protejan a las personas de los abusos contra los derechos humanos inducidos por la inteligencia artificial, y abundó que eso significa que todos los Estados deben alinear sus marcos regulatorios con sus obligaciones marcadas en las leyes de derechos humanos.
En cuanto a las empresas, subrayó que deben garantizar que sus algoritmos de inteligencia artificial, procesos operativos y modelos de negocio garanticen el respeto de los derechos humanos, teniendo en cuenta a las poblaciones de mayor riesgo y evitando los abusos contra las garantías fundamentales en las decisiones comerciales y de diseño.
Reparación por abuso de los derechos humanos
El Alto Comisionado también pugnó por un remedio efectivo para las víctimas de abusos inducidos por la inteligencia artificial.
“Las empresas de tecnología deben reconocer su responsabilidad y los beneficios sociales de contribuir a sistemas de reparación que funcionen. Y, en última instancia, los Estados tienen el deber fundamental de garantizar la reparación de los daños a los derechos humanos, incluso obligando a las empresas a tomar las medidas adecuadas”, puntualizó.
Türk insistió en que la inteligencia artificial generativa tendrá un impacto en toda la gente y que, por lo mismo, exige un enfoque global y colaborativo.
“Tenemos que asegurarnos de que la protección de los derechos de las personas esté en el centro de ese enfoque. Esto requiere no sólo diálogo, sino una acción que se base en la sabiduría colectiva y la orientación de los marcos establecidos”, apuntó.
Türk explicó los Estados, las corporaciones, la sociedad civil y los individuos se deben unir en una misión compartida: garantizar que la inteligencia artificial sirva a los mejores intereses de la humanidad, “creando un mundo en el que la tecnología no sólo sirva a los intereses de los ricos y poderosos, sino que permita la promoción de la dignidad y los derechos humanos”.