La Corte Suprema de Chile confirmó el viernes las sentencias a 22 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional -la policía política durante de la dictadura de Augusto Pinochet-, por cargos de secuestro y asesinato de doce personas en el marco de la Operación Cóndor, una campaña secreta coordinada entre las dictaduras de Sudamérica y apoyada por Estados Unidos en los años 70 y 80 para perseguir a opositores políticos y disidentes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, acogió con beneplácito las condenas, que llegan hasta 40 años para algunos de los sentenciados, y las calificó como un paso importante hacia la rendición de cuentas frente a miles de víctimas.
La Operación Cóndor se implementó con la venia de Estados Unidos durante las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con el objetivo de buscar, perseguir, torturar, matar sumariamente y desaparecer por la fuerza a personas percibidas como disidentes en toda la región.
Los militares en el poder en esos países se valieron de innumerables tácticas para eliminar a esas personas, que incluyeron arrojarlas desde aviones y helicópteros.
La crueldad aún tiene un impacto profundo
“La crueldad calculada de estas dictaduras aún tiene un profundo impacto en las familias de quienes sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos, las sociedades y la historia de la región”, afirmó Türk.
Además de confirmar las condenas el viernes, el fallo unánime de la Corte Suprema ordenó medidas de reparación.
El Alto Comisionado rindió homenaje a las víctimas y sus familias, que a lo largo de décadas han buscado de manera valiente e incansable la verdad, la justicia y la reparación para sus seres queridos desaparecidos.
“Espero que esta sentencia revitalice la búsqueda de la rendición de cuentas en la región. Esto es esencial para garantizar que no vuelvan a ocurrir en el futuro violaciones tan graves”, subrayó Türk.
Serie de sentencias por atrocidades
La sentencia del viernes relacionada con la Operación Cóndor es la más reciente dictada por los tribunales chilenos en los últimos meses contra casos de crímenes de lesa humanidad.
Antes se procesó la Operación Colombo, también llevada a cabo por la Dirección de Inteligencia Nacional en colaboración con sus pares en Argentina y Brasil para identificar y desaparecer a opositores, informando luego públicamente que habían muerto durante enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad extranjeras o que habían sido víctimas de purgas internas.
Otros casos juzgados fueron el llamado Caravana de la Muerte en el que participaron un general y tres oficiales del ejército que recorrieron el país ejecutando sistemáticamente a presos políticos y presuntos opositores al régimen; así como los operativos denominados Conferencia II, Paine, Fuente Ovejuna, Víctor Jara y Littré Quiroga, y Carmelo Soria.
Medio siglo de espera para las víctimas
Türk recordó que las víctimas de estos atropellos, al igual que sus familias han esperado medio siglo para saber la verdad y obtener justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Según datos oficiales, más de 3200 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chiles entre 1973 y 1990. La mitad de las víctimas fue desaparecida.
Además de estas sentencias, el Alto Comisionado reconoció los avances de Chile en otros pilares de la justicia transicional en el año del 50 aniversario del golpe de Estado militar de septiembre de 1973.
Entre esos progresos, Türk destacó la adopción por parte del Estado del Plan Nacional de Búsqueda, recalcando que la sentencia establece claramente que es obligación del Estado buscar a las víctimas y enfatizando que esta obligación no se extingue con el inicio o finalización de una investigación penal.
Abrir los archivos sellados
En este sentido, sostuvo que es imperativo acceder de inmediato a los archivos esenciales “que contienen testimonios y declaraciones de víctimas de tortura y prisión política que permanecen sellados”, y agregó que todas las instituciones estatales deben cooperar con ese objetivo.
“Es hora de conocer la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas, incluido el de los bebés robados a sus padres”, puntualizó Türk.
