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Apoyo transfronterizo a las víctimas de la trata de personas en Perú y Ecuador

Cuando una migrante venezolana huyó de sus agresores en Ecuador y cruzó ilegalmente la frontera con Perú, podría haberse enfrentado a la deportación y a un mayor trauma.

En cambio, gracias a un proyecto iniciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), recibió el apoyo y la protección que necesitaba, a pesar de su situación migratoria irregular.

La mujer, de 29 años, era víctima de trata de personas y había sufrido explotación sexual y trabajos forzados en numerosos lugares tras ser engañada para que aceptara una falsa oferta de trabajo como mesera.

Había caminado varias horas con su hijo y su hermano antes de llegar a la ciudad fronteriza de Tumbes, donde denunció su caso a las autoridades peruanas.

“En estos casos, la ayuda inmediata y especializada es esencial. Por eso hemos creado el ‘Equipo Binacional de Respuesta Inmediata’ entre Perú y Ecuador”, explica Gilberto Zuleta, un experto en prevención del delito de la UNODC asentado en Perú.

“Este equipo reúne a todas las autoridades competentes en materia de lucha contra la trata de personas, aplicación de la ley y justicia penal de ambos países para garantizar que las víctimas reciban un apoyo rápido y tengan acceso a la justicia”, detalla.

El Equipo Binacional de Respuesta Inmediata forma parte de la iniciativa TRACK4TIP, cuyo objetivo es combatir la trata de personas, especialmente de migrantes venezolanos, en América del Sur y el Caribe.

Una respuesta rápida y adecuada

El paso fronterizo de Tumbes entre Perú y Ecuador es muy frecuentado por migrantes venezolanos que se desplazan de país en país para intentar llegar a Norteamérica.

Cuando un caso o presunto caso de trata de personas es denunciado a las autoridades en cualquier lado de la frontera por la víctima u otra parte interesada, se notifica al Equipo Binacional y se activa una reunión en un plazo de 24 horas.

Los puntos focales de las instituciones nacionales responsables de responder a los casos de trata de personas forman parte de dicho Equipo y, cuando es necesario, también se incluye a las organizaciones no gubernamentales.   

Con el apoyo de la UNODC, se analiza el caso para determinar el tipo de asistencia necesaria, los riesgos para la víctima, la necesidad de iniciar un procedimiento judicial y si debe expedirse un visado por motivos humanitarios.

El enfoque está centrado en la víctima, lo que significa que las necesidades de las víctimas están en primera línea de las intervenciones del Equipo Binacional.

Desde el lanzamiento del proyecto, junto con los Ministerios del Interior y Fiscalías de Perú y Ecuador en abril de 2022, el Equipo ha identificado y asistido adoce víctimas de trata de personas de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú.

Migrantes venezolanos y vulnerabilidad a la trata de personas

Los migrantes venezolanos corren el riesgo de ser víctimas de trata en toda Sudamérica debido principalmente a su situación económica y migratoria, dice Gilberto Zuleta, de la UNODC. 

“No tienen una fuente de ingresos y, debido a su situación migratoria irregular, no tienen acceso al mercado de trabajo regular en los países donde residen”, precisa. 

Zuleta añade que se observa mucha explotación en sectores como la pesca. “Las condiciones de trabajo y la remuneración son malas. Si los migrantes se quejan, les dicen que los denunciarán a las autoridades y los deportarán”, abunda.

Los migrantes también corren el riesgo de ser víctimas de trata varias veces en distintos países a medida que se desplazan por la región en busca de refugio y seguridad.

Ampliación de los equipos de respuesta inmediata

El éxito del Equipo Binacional de Respuesta Perú-Ecuador ha generado interés por el establecimiento de equipos similares en las fronteras entre otros países de la región.

“Otros países de la región están interesados en establecer respuestas binacionales similares, y la UNODC ya está trabajando con las autoridades pertinentes”, afirma Gilberto Zuleta.

La iniciativa TRACK4TIP ha sido implementada en ocho países de Sudamérica y el Caribe por la UNODC con el apoyo de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. El proyecto está gestionado por la Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC.

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