El Secretario General de la ONU, António Guterres, habló por teléfono la mañana de este miércoles con el embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas, José de la Gasca, sobre el estallido de violencia que asola a ese país desde ayer martes.
El portavoz de la ONU, Stephan Dujarric, informó que Guterres “está muy alarmado por el deterioro de la situación en Ecuador y por el impacto negativo de ésta en la vida de los ecuatorianos”
“El Secretario General condena enérgicamente los actos criminales de violencia que se han observado y envía su solidaridad al pueblo ecuatoriano”, dijo Dujarric durante su encuentro diario con la prensa.
La violencia comenzó ayer con distintas acciones en diferentes puntos del país, que incluyeron la irrupción de un grupo de individuos armados a una televisora que transmitía en vivo y la toma temporal de esas instalaciones en la ciudad de Guayaquil. Se registraron también quemas de coches, explosiones en las calles y amenazas a universidades, instituciones estatales y comercios.
Conflicto armado interno
La jornada – que dejó al menos una decena de muertos, según cifras extraoficiales-, llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a decretar el estado de excepción y a ordenar al ejército salir a las calles para restablecer la seguridad.
El mandatario también afirmó que Ecuador vive un conflicto armado interno y declaró el estado de guerra contra los grupos del crimen organizado que operan en su territorio.
El país sudamericano venía observando un avance del poder de las organizaciones criminales desde hace tiempo con incidentes de violencia frecuentes, pero el detonador de este estallido general fue la fuga el fin de semana pasado del líder de una peligrosa banda criminal que se hallaba preso en una cárcel de Guayaquil.
Las autoridades lanzaron operativos de búsqueda del delincuente, mientras se producían disturbios en unas seis prisiones que terminaron con el escape de varios capos considerados peligrosos.
Respeto de los derechos humanos
El presidente Noboa asumió el cargo en noviembre pasado comprometiéndose a frenar la violencia en la que han sumido al país los grupos criminales, que el año pasado tuvo una tasa de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El plan de seguridad de Noboa contra el crimen y el narcotráfico buscaba, entre otras provisiones, reforzar la vigilancia de puertos y fronteras y segmentar las cárceles trasladando a los líderes criminales a zonas aisladas de máxima seguridad.
El portavoz de la ONU señaló que el Secretario General confía en que el gobierno “aborde con mucha seriedad estos desafíos con medidas que protejan y minimicen los daños a la población y que, al mismo tiempo, respeten las instituciones democráticas, los derechos humanos y las leyes internacionales”.