Las reformas a la legislación forestal y de fauna silvestre en el Perú podrían legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas e, incluso, amenazar su supervivencia física y cultural, alertó miércoles un experto* en derechos humanos de la ONU.
“Esta ley afectará negativamente los territorios ancestrales de pueblos indígenas en la Amazonía peruana” advirtió relator especial**, Francisco Calí Tzay.
La reforma se produce en un momento en el que el Estado “todavía tiene obligaciones pendientes por cumplir” en cuanto al reconocimiento legal y la seguridad de los territorios de los pueblos indígenas, dijo el relator especial.
“Aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana no han recibido la titulación de sus tierras, dejándolos inseguros y vulnerables ante terceros” recordó.
El experto expresó que aunque el texto de la ley menciona explícitamente a comunidades nativas y campesinas, así como a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial; ese texto no ha sido sometido a un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos.
Amenaza física y cultural
“Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial podrían ser particularmente vulnerables a este cambio regulatorio, que podría amenazar su supervivencia física y cultural” dijo Calí Tzay.
El experto de la ONU ha recordado al Perú sus obligaciones internacionales al adoptar legislación que afecta a los pueblos autóctonos, incluyendo el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Calí Tzay advirtió que disposiciones de la ley que clasifica las tierras, así como las normas sobre actividades agropecuarias, permitirían que áreas habitadas por pueblos indígenas y que alguna vez fueron bosques, donde actualmente hay agricultura, sean clasificadas automáticamente como áreas de exclusión agropecuaria.
“Debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de estas áreas de exclusión podría generar impunidad ante crímenes como la tala ilegal, el desbosque y el cambio de uso; debilitando la lucha contra la desforestación y agravando la crisis climática actual” advirtió el experto.
Legalización de actividades criminales
Bajo el nuevo marco regulatorio, la tala y la desforestación serían legalizadas, según el experto, que advirtió que estas actividades constituyen crímenes bajo el Código Penal.
“El fomento de la tala en el Amazonas es especialmente preocupante, dados los altos niveles de deforestación en la Amazonía peruana en los últimos años (…) Esta situación podría aumentar aún más la presión sobre los territorios indígenas, sobre su integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual,” agregó el relator.
El experto se mostró gravemente preocupado porque este retroceso en la gobernanza forestal del país da la espalda a las amenazas, ataques y asesinatos de defensores indígenas y ambientales, que se oponen a actividades ilícitas en los bosques de sus territorios.
“En los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del Pueblo Kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales,” advirtió Calí Tzay.
“Este vacío es llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, promoviendo economías ilegales que destruyen el tejido social y socavan las instituciones públicas”, concluyó.
* Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o temas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
**Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
