Temores de crímenes de guerra por la invasión terrestre israelí de Rafah
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) declaró este martes que cualquier medida de Israel para extender su invasión a gran escala de Gaza a la ciudad meridional de Rafah, masivamente superpoblada, podría dar lugar a crímenes de guerra que deben evitarse a toda costa.
“Nosotros, como ONU y como Estados miembros de la ONU, podemos dar testimonio”, declaró el portavoz de la agencia, Jens Laerke, a los periodistas en Ginebra. “Podemos dejar claro lo que dice la ley… según el derecho internacional humanitario, el bombardeo indiscriminado de zonas densamente pobladas puede equivaler a crímenes de guerra“.
Además, el organismo informó de un “aumento de los ataques” en la gobernación de Rafah el domingo y el lunes. Al mismo tiempo, miles de habitantes de Gaza siguen llegando a Rafah, entre ellos muchos que han huido de los intensos combates en Jan Yunis.
“Para ser claros, la intensificación de las hostilidades en Rafah en esta situación podría conducir a la pérdida a gran escala de vidas civiles y debemos hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para evitarlo”, declaró Laerke.
Guterres: Acaben con la mutilación genital femenina
Unos 4,4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina este año, advirtió este martes el Secretario General, haciendo un llamamiento a la acción para erradicar esta “atroz violación de los derechos humanos fundamentales” y dar más voz a las supervivientes.
“Una sola mutilación es demasiada”, afirmó António Guterres en su mensaje con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra anualmente el 6 de febrero.
La ONU calcula que, en todo el mundo, 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a alguna forma de esta práctica, que consiste en la extirpación o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas.
El Secretario General subrayó la necesidad de inversiones urgentes para lograr la eliminación para 2030, y pidió tomar medidas determinantes para hacer frente a las normas sociales, económicas y políticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas, limitan su participación y liderazgo, y restringen su acceso a la educación y el empleo.
“Esto empieza por cuestionar las estructuras de poder y las actitudes patriarcales que están en la raíz de esta práctica aborrecible”, afirmó.
Desde 2008, la Agencia para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha encabezado el mayor programa mundial para acelerar la eliminación de esta práctica.
Una experta insta al gobierno del Reino Unido a detener la inminente extradición de Julian Assange
La relatora especial de la ONU* sobre la tortura instó este martes al gobierno del Reino Unido a detener la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
Alice Jill Edwards señaló que el periodista padece un trastorno depresivo recurrente y de larga duración y se considera que corre el riesgo de suicidarse.
“El riesgo de ser sometido a un confinamiento solitario prolongado, a pesar de su precario estado de salud mental, y de recibir una condena potencialmente desproporcionada plantea dudas sobre si la extradición de Assange a Estados Unidos sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos, en particular en virtud del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los respectivos artículos 3 de la Convención de la ONU contra la Tortura y del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, afirmó la relatora.
Además, la experta señaló que las garantías diplomáticas de trato humano ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos no son garantía suficiente para proteger a Assange frente a ese riesgo.
Está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional tras una larga batalla legal sobre la extradición de Assange.
En Estados Unidos, Julian Assange se enfrenta a numerosos cargos, entre ellos la Ley de Espionaje de 1917 por la presunta publicación ilegal de cables y documentos diplomáticos y de otro tipo a través de WikiLeaks. Si es extraditado, podría ser recluido en aislamiento prolongado a la espera de juicio, o como recluso. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta 175 años de prisión.
Un año después de los terremotos, la ONU garantiza la continuidad de la respuesta a Turquía y Siria
Al cumplirse un año de los terremotos que causaron más de 55.000 muertos en Siria y Turquía, el coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas emitió este martes un comunicado para renovar su compromiso de continuar ayudando a los afectados por la catástrofe.
Martin Griffiths señaló que miles de familias aún se están recuperando del impacto de la destrucción del 6 de febrero de 2023 y los supervivientes siguen lidiando con la pérdida y el trauma.
Más de 50.000 personas perdieron la vida sólo en territorio turco y otras 5.900 en Siria. Además, unas 43.000 personas desplazadas por los temblores aún no han regresado a sus hogares en el noroeste de Siria. De esta cifra, unas 40.000 viven en 70 centros de acogida y 3000 en campamentos.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la catástrofe es una de las mayores ocurridas en la región en los últimos tiempos, debido a los miles de heridos y a la destrucción de miles de viviendas y edificios públicos, incluidos hospitales.
La agencia reconoció la labor de las autoridades turcas al coordinar numerosas evacuaciones médicas y crear hospitales de campaña para atender a los heridos en las zonas afectadas.
En Siria, los terremotos agravaron una situación humanitaria ya de por sí grave, causada por un conflicto que está a punto de alcanzar la marca de los 13 años. “En todo el país, unos 16,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria este año, la cifra más alta desde el inicio del conflicto”, dijo Griffiths a este respecto.
* Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
** Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.