El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia observa que en 2023 hubo “una disminución en algunos indicadores de la violencia”.
Sin embargo, destaca que “la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil (…) siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos”.
La Oficina recibió 123 alegaciones de posibles masacres en 2023. De éstas, se verificaron 98 y 25 fueron consideradas no concluyentes.
Según el informe, se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas de 2022, en las que se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.
En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
En 2023, aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22.9% en desplazamientos y del 14,3% en confinamientos respecto de la información del año 2022. Un 55% de las personas desplazadas y un 79% de las confinadas en 2023 pertenece a pueblos étnicos.
Además, se produjo el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP en 2023. Esto representa una disminución del 5,9% respecto a 2022. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 408 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres.
Violencia contra las mujeres
La Oficina recibió 100 alegaciones de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, incluyendo violencia sexual, y documentó algunos casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño.
Además, la Oficina del Alto Comisionado continuó documentando feminicidios, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de grupos armados no estatales contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la Fuerza Pública.
También conoció situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los casos no son denunciados, lo que muestra la necesidad de implementar estrategias para la atención integral y confidencial a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en los territorios.
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos de los menores, la Oficina verificó 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales (86 niños, 42 niñas, 6 sin confirmación de género).
“Persiste un alto subregistro en estas violaciones, por lo que estas cifras son solo una muestra de un fenómeno de mayor magnitud. Preocupa particularmente que, en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes). En 37 de los casos, las víctimas sufrieron múltiples violaciones de derechos.
Violencia contra los defensores de los derechos humanos
Aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5% en homicidios de personas defensoras verificados, “la violencia contra ellas siguió siendo intolerable”.
La Oficina recibió 233 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 105 casos, se verificó que existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos fundamentales, y 128 no fueron concluyentes. De los casos verificados, 14 eran mujeres, 87 hombres, una persona no binaria, dos hombres gays y una mujer transexual.
Violencia de la fuerza pública
La Oficina recibió 37 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida que habrían cometido integrantes de la Policía y Fuerzas Militares, de las cuales 30 fueron verificadas y 7 continúan en proceso de verificación.
El organismo recibió también 36 alegaciones de otras presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de las que ha verificado 18.
Recomendaciones
En su informe, el Alto Comisionado hace una serie de recomendaciones, entre ellas realizar todos los esfuerzos para desplegar una presencia integral en puntos estratégicos del país con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Además, recomienda fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población civil en los territorios.
