POR MARTHA TORRERO ORTEGA
Chetumal.- La Suprema Corte valida procedimiento para la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, informó el Poder Judicial
Destacó que SCJN reconoció la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece el mecanismo para elegir a la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Indicó que al resolver la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, mediante la cual reconoció la validez del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, al considerar constitucional el procedimiento previsto para la elección de la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Destacó que la resolución fue aprobada en los términos del proyecto presentado, con algunas diferencias de criterio en apartados específico
Indicó que en lo relativo a la constitucionalidad del procedimiento para la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la propuesta obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, por lo que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado conserva plenamente su validez.
Explicó que al analizar el asunto, la Suprema Corte determinó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece de manera expresa el mecanismo mediante el cual las entidades federativas deben elegir a la persona que presida su Tribunal Superior de Justicia.
En consecuencia, corresponde a los congresos locales definir ese procedimiento, en ejercicio de sus facultades legislativas” sostuvo
Cabe mencionar que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia será elegida de entre las y los magistrados que integran el Pleno, mediante el voto de la mayoría y por escrutinio secreto, durante la primera sesión que se celebre en el mes de agosto del año correspondiente.
Con esta resolución, la Suprema Corte otorga certeza jurídica al procedimiento previsto en la legislación de Quintana Roo para la elección de la persona que encabeza el máximo órgano jurisdiccional del estado.