Un grupo de expertos independientes de derechos humanos de la ONU* ha acogido con satisfacción una reforma de la ley del aborto en España, la cual garantiza derechos sexuales y reproductivos en el país.
Los expertos destacaron que la reforma garantiza el acceso a aborto seguro en centros estatales de salud, elimina los denominados procesos de “reflexión” impuestos arbitrariamente a las mujeres, garantiza el acceso de todas las mujeres (incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras) a las técnicas de reproducción asistida y convierte a España en el primer país europeo en legislar el permiso menstrual.
Además, la educación sexual integral formará parte de todos los años de escolaridad obligatoria, y se protegerá aún más la autonomía corporal de las mujeres, y de las mujeres jóvenes en particular.
Las medidas relativas a los derechos sexuales y reproductivos fueron aprobadas junto a una legislación integral en contra de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales.
“La historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social”, aseguran los expertos. “Descrita como un logro feminista fundamental, esta legislación ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad española.”
Fin de las terapias de conversión
La igualdad de derechos parentales para las madres lesbianas, la prohibición de la mutilación genital para los niños intersexuales, y la adopción de medidas para poner fin a las llamadas “terapias de conversión” perpetradas contra las personas LGTBI son algunas de las características específicas de este programa nacional para promover la inclusión social en todos los sectores, incluyendo la salud, el empleo, la educación, la cultura y el mundo de los negocios.
Los expertos señalaron que la legislación alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con el de autoidentificación, catalogado por la ONU como mejor práctica.
El nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica mediante la posibilidad de revisión judicial, situando adecuadamente la carga de la prueba en la parte que cuestiona y en el Estado, y no en las personas transexuales y otros individuos de género diverso. De este modo, se han eliminado obstáculos arbitrarios, humillantes y perjudiciales para el reconocimiento legal.
“Estas leyes fueron adoptadas a través de un proceso parlamentario reflexivo y participativo que tomó seis años, y que contó con el asesoramiento de expertos de la ONU”, añadieron.
“Medidas legislativas como estas abordan las causas profundas de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas y el colectivo LGTBI”, destacaron los expertos.
El grupo instó a otros países a seguir el ejemplo de España y alentó a actores estatales y no estatales a que sus discusiones sean basadas en evidencias científicas y no en prejuicios.
Los expertos destacaron el papel de los sobrevivientes de la violencia y de la sociedad civil durante todo el proceso. “Cada vez que observamos la adopción de una ley, política pública o jurisprudencia que promueve la igualdad, inmediatamente recordamos el trabajo de los defensores de derechos humanos, sobrevivientes y activistas”, dijeron los expertos.
“Ellos fueron los que proporcionaron sus historias, recopilaron la evidencia y llevaron a cabo el trabajo de defensa y persuasión para que las autoridades españolas pudieran concluir que estas medidas legislativas son elementos clave para garantizar que todas las personas puedan vivir libres e iguales en dignidad y derechos”, añadieron.
*El grupo de expertos está conformado por: Dorothy Estrada-Tanck (presidenta). Ivana Radačić (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Farida Shaheed, relatora especial sobre el derecho a la educación; Alexandra Xanthaki, relatora especial en la esfera de los derechos culturales; Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Los expertos forman parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
Source: news.un.org
