El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver ese órgano. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, sustituyó a Castillo, lo que provocó una serie de protestas en todo Perú exigiendo la celebración de elecciones, la reforma constitucional y la liberación de Castillo, entre otras demandas.
La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado y sigue vigente sin que se atiendan las demandas de la población.
En este marco, un grupo de siete relatores especiales y dos grupos de trabajo de la ONU* en derechos humanos informó tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino.
Esos informes dan cuenta de 48 manifestantes muertos, 1301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido, según consta en el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Perú.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad y la incapacidad del gobierno de crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, apuntaron los expertos, que enviaron una comunicación al gobierno peruano planteándole sus preocupaciones y observaciones.
Rendición de cuentas
Recordaron que el uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
“Toda pérdida de vida resultante del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y, por tanto, ilegal”, enfatizaron, pronunciándose por la rendición de cuentas en esos casos.
Agregaron que en toda sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia.
De acuerdo con los expertos, la democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, por lo que conminaron a las autoridades a iniciar ese proceso para poner fin a la crisis política.
Desapariciones forzadas
Los relatores explicaron de que una detención inicialmente legal puede desembocar en una desaparición forzada si las autoridades encargadas de la detención no reconocen que la persona está detenida o no proporcionan información sobre su suerte o paradero, independientemente de la duración de la privación de libertad.
“Es importante proporcionar información a las víctimas y a sus familiares”, señalaron.
Por otra parte, se refirieron a los reportes de ataques deliberados de la policía contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación mientras cubrían las protestas, y llamaron al gobierno a garantizar que esos profesionales puedan trabajar en condiciones seguras y dignas.
Solicitaron las mismas garantías para la Defensoría del Pueblo, que recopila pruebas sobre abusos.
También subrayaron la obligación del Estado de investigar de manera rápida, independiente, eficiente e imparcial todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.
Acusaciones de terrorismo
Con respecto a la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica calificándolas como terroristas, resaltaron que estas acusaciones afectan desproporcionadamente a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”, acotaron los relatores especiales.
En este renglón, recalcaron la obligación del Estado de garantizar que las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica no sean objeto de intimidación y represalias.
Los expertos concluyeron reiterando su llamado a una solución política rápida y basada en el diálogo, que tenga en cuenta la necesidad de rendir cuentas y de poner fin a la represión.
Los expertos firmantes del comunicado son: Sr. Clément N. Voule, Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Aua Baldé (Presidenta-Relatora); Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, Luciano Hazan, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sra. Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo (Presidenta Relatora), Mumba Malila (Vicepresidente); Ganna Yudkiviska, Sra. Priya Golapan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; e Irene Khan, Relatora Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión.
* Los expertos forman parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
Source: news.un.org
