Las amenazas e intimidaciones contra las mujeres que expresan sus opiniones sobre sexo y orientación sexual son profundamente preocupantes, señaló este lunes la relatora* especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y sus consecuencias, Reem Alsalem.
La experta hizo estas declaraciones en el contexto de las discrepancias entre algunas activistas de los derechos de la mujer y transexuales en varios países del Norte. Alsalem recordó que “la discriminación por motivos de sexo y orientación sexual está prohibida en la legislación internacional y regional sobre derechos humanos”.
Falta de protección de los cuerpos de seguridad
La especialista destacó el papel relevante que juegan las fuerzas del orden en la protección de los encuentros autorizados de mujeres y garantizar su seguridad y su derecho a la libertad de reunión y de expresión sin intimidaciones, coacciones ni silenciamientos efectivos.
“Está claro que en los casos en que las fuerzas del orden no han proporcionado las salvaguardias necesarias, hemos sido testigos de incidentes de abusos verbales y físicos, acoso e intimidación, con el propósito de sabotear y desbaratar tales actos, así como de silenciar a las mujeres que desean hablar en ellos”, apuntó.
Asimismo, destacó su inquietud ante la frecuente estrategia de crear campañas de desprestigio contra las mujeres, las niñas y sus aliados a causa de sus ideas sobre la no discriminación basada en el sexo y las relaciones homosexuales.
“Tacharlas de nazis, genocidas o extremistas es una forma de atacar e intimidar a las mujeres con el fin de disuadirlas de hablar y expresar sus opiniones. Tales acciones son profundamente preocupantes, ya que pretenden inculcarles miedo, hacerlas callar e incitar a la violencia y al odio contra ellas”, afirmó.
Alsalem también manifestó su inquietud por el tratamiento en algunos países de las leyes que criminalizan la incitación al odio por diversos motivos, entre ellos la expresión o la identidad de género.
“Las mujeres y las niñas tienen derecho a debatir sobre cualquier tema sin intimidaciones ni amenazas de violencia. (…) Sostener y expresar opiniones sobre el alcance de los derechos en la sociedad basados en el sexo y la identidad de género no debe ser deslegitimado, trivializado o desestimado”, destacó.
El derecho a discrepar no puede constituir una amenaza
Según el derecho internacional humanitario, cualquier limitación de la libertad de expresión debe aplicarse respetando estrictamente las normas de derechos humanos sobre legalidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad justificada.
La experta también indicó que quienes no comparten las opiniones de las mujeres y niñas cuando expresan sus preocupaciones relativas a la identidad de género y al sexo también tienen derecho a expresar su opinión. Sin embargo, no deben amenazar la seguridad y la integridad de aquellos contra los que protestan y con los que están en desacuerdo.
Las restricciones generalizadas a la facultad de las mujeres y los hombres de manifestar su opinión sobre los derechos relacionados con la identidad de género y el sexo infringen los principios fundamentos de la libertad de pensamiento y la libertad de creencia y expresión, y equivalen a una forma de censura injustificada o generalizada.
La relatora califico de “especialmente preocupantes” los diversos tipos de represalias contra las mujeres, como la censura, el acoso legal, la pérdida de empleo y de ingresos, la excusión de las redes sociales, los discursos y la negativa a publicar conclusiones y artículos de investigación. En algunos casos, los partidos políticos castigan a sus integrantes femeninas amenazándolas con el despido o destituyéndolas.”
*Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
