Pese al compromiso mostrado por las autoridades colombianas en la protección de los derechos de las víctimas de trata, la relatora especial* de la ONU sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, considera que esta responsabilidad debe aplicarse en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Además, tiene que ser a largo plazo y contar con los recursos necesarios.
“La trata de personas la cometen grupos armados no estatales y organizaciones criminales para sostener sus actividades y controlar a las comunidades. Afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los y las migrantes venezolanos”, afirmó Siobhán Mullally tras una visita de nueve días a Colombia.
La experta también celebró el compromiso del Gobierno para dar una respuesta a este problema basada en los derechos humanos y a la expansión de una migración segura, regular y ordenada, e instó a las autoridades a incluir el tema de la trata de personas en la Política de Paz del país.
“Es imperativo que la trata de personas forme parte de las discusiones de la Política de Paz de Colombia y que se implemente y fortalezca el capítulo étnico del Acuerdo Final para prevenir la trata, asistir y proteger a las víctimas, desarrollar programas centrados en los y las sobrevivientes y diseñados por ellos, así como medidas para combatir la impunidad”, dijo.
“El compromiso con una reforma rural integral, y con la promoción de los derechos de las mujeres y las comunidades rurales es bienvenido, y esencial para la prevención de la trata de personas”, añadió.
Asimismo, recordó que la trata de personas supone “una grave violación de los derechos humanos, una violación del derecho internacional humanitario y un delito grave que socava la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social”.
Impedir el reclutamiento de menores
Mullally afirmó que los desplazamientos relacionados con el conflicto contribuyen a aumentar el riesgo de trata a causa de la pérdida de medios de subsistencia, la falta de refugio y la ruptura de las redes comunitarias y familiares.
“Los niños, niñas y adolescentes son los más afectados y el aumento del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados en los últimos años es motivo de grave preocupación”, señaló.
Asimismo, emplazó al gobierno a “avanzar urgentemente” a tomar medidas que impidan “el reclutamiento y la utilización de todos los menores de 18 años, especialmente en las zonas de conflicto”.
Las mujeres y las niñas, en particular, están expuestas a la trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados y redes criminales, destacó Mullally que también elogió a las autoridades colombianas por el Estatus de Protección Temporal concedido a los venezolanos, más de un millón de los cuales cruzaron Colombia.
Igualmente, instó al Gobierno a abordar los retrasos en el acceso a la documentación y la obtención del estatuto de protección, especialmente por parte de los y las migrantes en zonas remotas, y a prestar especial atención a los niños y adolescentes no acompañados y separados de sus familias, especialmente en las zonas fronterizas, donde están expuestos a graves riesgos de trata y los servicios son limitados.
Faltan recursos para las autoridades territoriales
“Se necesitan urgentemente medidas de alojamiento seguro y de protección, en particular en las zonas afectadas por el conflicto y en las zonas rurales donde viven comunidades afrocolombianas, indígenas y comunidades afectadas por la migración“, dijo la experta de la ONU.
“Las autoridades territoriales están infrafinanciadas y no disponen de recursos presupuestarios ni humanos para asistir a las víctimas. En ausencia de asistencia y protección, las víctimas son vulnerables a la revictimización”, añadió Mullally.
Durante su visita, la relatora especial se reunió con supervivientes y víctimas de la trata y con defensores de los derechos humanos en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales.
La experta de la ONU solicitó una acción coordinada de las autoridades colombianas que garantice investigaciones eficaces sobre la trata de personas. Instó al Gobierno a aumentar la presencia de autoridades civiles en las zonas afectadas por la violencia de los grupos armados, ampliar el despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación e implementar medidas para responder con prontitud a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Por último, destacó la necesidad de garantizar el acceso a reparaciones para todas las víctimas de trata, ya sean relacionadas con el conflicto, con el reclutamiento forzado, con el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, con la explotación y la esclavitud sexuales, con el trabajo forzado, con la servidumbre doméstica y con la delincuencia impuesta”.
*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
