Colombia gana una disputa con Nicaragua por sus fronteras marítimas
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
Nicaragua pidió a la Corte que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (370 km) desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
La jueza Joan E. Donoghue leyó la decisión a la que llegó el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, cuyas sentencias son legalmente vinculantes y finales.“Por trece votos contra cuatro. Rechaza la solicitud presentada por la República de Nicaragua para que la Corte adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada de arcos de 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua”.
El litigio entre Colombia y Nicaragua por esta zona marítima, rica en recursos pesqueros y minerales, se ha prolongado durante décadas. En 2012, por un fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero perdió casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar con los que Nicaragua obtuvo algunos yacimientos submarinos de petróleo y gas, así como derechos de pesca.
La ONU asesorará a Colombia para poner en marcha las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución presentada por el Gobierno de Colombia para respaldar la implementación de importantes recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El texto de la resolución pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “que proporcione e intensifique su asistencia técnica” a las autoridades nacionales y locales por un período renovable de dos años para implementar esas recomendaciones, prestando especial atención a las víctimas y aplicando una perspectiva de género que tenga en cuenta los orígenes étnicos. También solicita al Consejo que nombre a un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
“Gracias a esta resolución vamos a fortalecer el trabajo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en toda Colombia. Vamos a acompañar de mejor manera las reformas al sistema de seguridad, y la integración de un enfoque de derechos humanos”, dijo Juliette Rivero, la representante del Alto Comisionado en el país.
La resolución obtuvo 28 votos a favor, y 19 abstenciones.
El uso del agua para consumo humano debe estar por encima de cualquier uso industrial.
Expertos de la ONU* han alertado de que la sobreexplotación de los recursos hídricos en Uruguay está haciendo que el agua potable tenga cada vez niveles más altos de sal y piden al Gobierno que priorice el uso para consumo humano.
“Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”, explicaron los expertos.
Las autoridades de salud han reconocido el riesgo y han instado a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber. “Pero esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, sostuvieron.
Los relatores advirtieron que, aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por períodos anormalmente prolongados sin lluvias, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
“Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos”, dijeron.
Especialistas en la materia han estado advirtiendo durante años que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaba llevando a la contaminación y escasez de agua en el país.
“El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable”, aseveraron los relatores.
ONUSIDA ve posible el fin de la enfermedad antes del 2030 y pide voluntad política y financiación para lograrlo.
Un nuevo informe muestra que existe un camino claro para poner fin al SIDA y que los países y líderes que ya lo están siguiendo están logrando “resultados extraordinarios”
“Los datos de este informe muestran que el camino para acabar con el SIDA no es un misterio; es una elección, es una elección política y financiera”, dijo Winnie Byanyima, la directora ejecutiva de la agencia.
Botswana, Eswatini, Rwanda, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe ya han alcanzado los objetivos «95-95-95», y al menos otros 16 están cerca de hacerlo. Eso significa que el 95% de las personas que tienen VIH conoce su estado serológico, que el 95% de ellas recibe antirretrovirales y que el 95% de los que están bajo tratamiento está consiguiendo la supresión del virus.
El progreso ha sido más sólido en los países y en las regiones que han realizado más inversiones financieras, como en África oriental y meridional, donde las nuevas infecciones se han reducido en un 57% desde 2010.
El número de personas que reciben antirretrovirales se ha cuadruplicado: de 7,7 millones en 2010 a 29,8 millones en 2022. Un 82% de las embarazadas y lactantes seropositivas estaban siendo tratadas en 2022, frente al 46% en 2010. Esto ha permitido reducir en un 58% las nuevas infecciones entre los niños.
No obstante, el trabajo no ha terminado. El SIDA se cobró una vida cada minuto en 2022. Alrededor de 9,2 millones de personas siguen sin acceso a antirretrovirales, incluidos 660.000 niños. La financiación para el VIH, tanto de fuentes nacionales como internacionales también disminuyó en 2022, volviendo al nivel de 2013.
* Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o temas temáticos en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan en su capacidad individual.
