Cientos de miles de personas están siendo contratadas a la fuerza por bandas del crimen organizado para dedicarse a la delincuencia en línea en el Sudeste Asiático, llevando a cabo desde estafas de inversiones románticas y fraudes con criptomonedas hasta apuestas ilegales, según muestra un informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Operaciones de estafa en línea y trata con fines de delincuencia forzada en el Sudeste Asiático expone las preocupaciones que suscita este fenómeno en materia de derechos humanos, incluida su relación con la trata de seres humanos en esa región. Además, contiene recomendaciones para que las autoridades hagan frente a la situación.
Según el informe, las víctimas se enfrentan a una serie de graves violaciones y abusos, como amenazas a su seguridad, y muchas han sido sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, violencia sexual, trabajos forzados y otros abusos contra los derechos humanos.
“Las personas coaccionadas para trabajar en estas operaciones de estafa soportan un trato inhumano mientras se les obliga a cometer delitos. Son víctimas. No son delincuentes“, declaró el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Dos grupos de víctimas
Volker Türk añadió que “al seguir pidiendo justicia para quienes han sido estafados mediante la delincuencia en línea, no debemos olvidar que este complejo fenómeno tiene dos grupos de víctimas”.
En este sentido, además de las personas que se ven obligadas a trabajar en estas operaciones de estafa, también se encuentran las personas estafadas a través de la delincuencia en línea. Muchos han perdido los ahorros de toda una vida, se han endeudado y han sufrido vergüenza y estigma por haber sido estafados, señala el informe.
Miles de millones en ingresos
Según los informes, es difícil calcular la magnitud del tráfico de estafas en línea en el Sudeste Asiático, debido a su carácter clandestino y a las lagunas en la respuesta oficial. Fuentes fidedignas indican que al menos 120.000 personas en todo Myanmar pueden estar retenidas en situaciones en las que se ven obligadas a realizar estafas en línea, y en Camboya las estimaciones se sitúan en torno a las 100.000.
Otros países de la región, como la República Democrática Popular Lao, Filipinas y Tailandia, también han sido identificados como principales países de destino o tránsito en los que se han visto implicadas al menos decenas de miles de personas.
Los centros de estafa generan ingresos que ascienden a miles de millones de dólares cada año.
Impacto de la pandemia de COVID-19
Los autores señalan que, mientras los países de la región tratan de identificar acciones y políticas para hacer frente a ese fenómeno, los actores criminales están encontrando maneras de cambiar y reubicar sus operaciones, construyendo nuevos centros en toda la región y mejorando los recintos existentes.
En 2020, la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta asociadas tuvieron un impacto drástico en las actividades ilícitas de toda la región. Las medidas sanitarias cerraron los casinos en muchos países y, en respuesta, los operadores de casinos trasladaron sus operaciones a espacios menos regulados, como las zonas fronterizas afectadas por conflictos y las Zonas Económicas Especiales, así como al cada vez más lucrativo espacio en línea, señala el informe.
Ante las nuevas realidades operativas, los delincuentes se dirigieron cada vez más a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad, que se encontraban varados en estos países y sin trabajo debido a los cierres de fronteras y de empresas, para reclutarlos en operaciones delictivas, con el pretexto de ofrecerles empleos reales.
A medida que los cierres relacionados con el COVID obligaban a millones de personas a permanecer en sus hogares y a pasar más tiempo en línea, aumentaba el número de objetivos fáciles para el fraude en línea.
Recomendaciones
El informe contiene también recomendaciones para promover y proteger los derechos humanos en distintos ámbitos, como en el de identificación, el principio de no castigo, la creación de marcos legales adecuados para hacer frente a la situación, una gobernanza de la migración basada en derechos y cooperación y coordinación entre organismos nacionales e internacionales.
