El pasado 15 de septiembre, el gobierno de la República Dominicana decretó el cierre de su frontera terrestre, marítima y aérea con Haití debido a la disputa por la construcción de un canal de riego en el río Masacre, que corre a lo largo de la línea fronteriza y es compartido por los dos países.
A este cierre se agregan otras medidas entre las que se cuentan la suspensión de visas a ciudadanos haitianos y la prohibición de entrada al país de ciudadanos haitianos que las autoridades dominicanas consideran involucrados en el conflicto.
El experto de la ONU* en derechos humanos en Haití expresó una enorme alarma por la decisión del gobierno dominicano y lo instó a reconsiderarla en vista de que tendrá graves repercusiones para la población en ambos lados de la frontera.
Volver a las negociaciones
En un comunicado, William O’Neill instó a ambos gobiernos a regresar a la mesa de negociaciones y retomar el proceso descrito en una declaración conjunta de mayo de 2021 para alcanzar una resolución pacífica de la disputa.
Asimismo, pidió a las autoridades de los dos países compartir toda la información pertinente sobre la capa freática, los estudios hidrológicos, los impactos medioambientales y otra información esbozada en la Declaración Conjunta de mayo de 2021 para lograr un final pacífico y rápido de esta crisis.
“Si no se puede llegar a un acuerdo de este tipo, exhorto a ambas partes a acordar un arbitraje internacional para resolver sus diferencias”, apuntó.
O´Neill consideró que el gobierno haitiano debe ejercer su autoridad sobre todas las actividades relacionadas con el canal propuesto en el Río Masacre para garantizar que se sigan los protocolos adecuados de ingeniería, salud, seguridad y medio ambiente.
El impacto será más grave en Haití
O´Neill explicó que muchas empresas dominicanas dependen del comercio transfronterizo con Haití para subsistir, por lo que miles de trabajos están en peligro. Además, numerosos negocios precisan en gran medida de los jornaleros haitianos por lo que sufrirán grandes repercusiones financieras.
“Pero el impacto en Haití será aún más grave”, alertó el experto, recordando que a causa de la inseguridad y la violencia de las bandas haitianas, muchos productos esenciales como alimentos, equipos médicos y medicamentos se importan de la República Dominicana.
“Hay directores de clínicas de Haití que me han dicho que no podrán atender a sus pacientes si se corta el acceso a la República Dominicana. Hay vidas en juego”, enfatizó.
Con respecto a los alimentos, Haití recibe al menos el 25% del país vecino y muchas escuelas de la zona fronteriza compran en territorio dominicano los víveres para los almuerzos de los estudiantes. El acceso al agua también se verá obstaculizado.
Mostrar solidaridad
En este sentido, el experto instó al gobierno dominicano a permitir “la entrega de todo tipo de ayuda humanitaria y bienes esenciales a Haití para evitar que se agudice todavía más una crisis ya de por sí grave, que pone especialmente en peligro a los grupos de población más vulnerables, como los niños y ancianos”.
O´Neill reconoció que la situación de Haití impacta a toda la región y preocupa a la sociedad dominicana, pero argumentó que para abordar los motivos de esas inquietudes se requieren medidas respetuosas de los derechos humanos y los principios humanitarios.
También llamó a mostrar solidaridad frente a la situación humanitaria en Haití.
El experto denunció por otra parte el continuo retorno forzoso de los migrantes haitianos desde suelo dominicano y de los malos tratos que reciben, incluyendo las mujeres embarazadas y los niños, y dijo que la violencia incesante y los abusos de los derechos humanos en Haití no permiten el retorno seguro, digno y sostenible de sus ciudadanos.
* Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
