Las fuerzas de seguridad peruanas utilizaron innecesaria y desproporcionadamente la fuerza, incluida la letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, concluye un nuevo informe sobre la situación de esas garantías en el contexto de las protestas en Perú que pedían el adelanto de las elecciones generales luego de la renuncia del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, a quien el Congreso había tratado de destituir tres veces en 16 meses.
Publicado este jueves, el estudio de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también da cuenta del uso de armas menos letales pero incompatibles con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes.
Según las cifras registradas por la Oficina, 50 personas murieron y 821 fueron heridas durante las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, en tanto 208 agentes del orden fueron lesionados.
Frente a esta violencia, el informe subraya que las autoridades peruanas deben realizar reformas relevantes para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en las movilizaciones, continuar los esfuerzos de rendición de cuentas y permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo.
Formación de los efectivos de policía
El Estado debe “garantizar que todos los contingentes policiales desplegados en el contexto de la vigilancia de asambleas, especialmente a escala regional, reciban formación sustantiva y práctica efectiva sobre el uso de la fuerza de acuerdo con las normas de derechos humanos, incluidas la gestión no violenta de asambleas y tácticas de reducción de la tensión, y que sean evaluados periódicamente”, apunta.
También indica que el Estado debe abstenerse de declarar los estados de emergencia salvo en situaciones verdaderamente excepcionales y siempre garantizando que todas las medidas que restrinjan o limiten los derechos se ajusten plenamente a la legislación internacional sobre derechos humanos.
El análisis se centra en la conducta de las fuerzas de seguridad durante las protestas a escala nacional que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, concluyendo que las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes.
Causas abiertas y cerradas por falta de pruebas
Pese a que se abrieron investigaciones penales contra 241 participantes en las manifestaciones, al menos 221 se han archivado por falta de pruebas, lo que incluye a 192 personas que habían sido detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó que los responsables de violaciones de las garantías fundamentales deben rendir cuentas en de procedimientos judiciales justos.
“La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral”, afirmó.
En este sentido, la Oficina destacó que el gobierno peruano ha dado apoyo económico a las víctimas y a sus familias -unas 266 personas hasta la fecha-, y reconoció que las autoridades crearon un equipo específico dentro del Ministerio Público para investigar los presuntos delitos cometidos durante las protestas. Hasta el momento se han abierto 45 expedientes que abarcan a todas las personas muertas y heridas en las protestas. La ONU brinda asistencia técnica a ese equipo.
Türk recordó asimismo que es fundamental que se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana.
“Es necesario un diálogo nacional inclusivo. Es la única manera de avanzar. Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales”, declaró Türk.
Abusos contra las comunidades indígenas
El estudio también alude a la ola de manifestaciones que hubo en todo Perú entre el 19 y el 31 de julio de 2023, que tuvieron un saldo de 64 manifestantes y 12 agentes de policía heridos. “Las comunidades indígenas también fueron objeto de múltiples actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica”, destaca.
La Oficina de Derechos Humanos insta a Perú a promover cambios estructurales que garanticen el derecho de asamblea pacífica y a asegurar que todo uso de la fuerza sea compatible con las leyes internacionales los derechos humanos.
También aboga por reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar investigaciones centradas en las víctimas, imparciales y efectivas, y abordar los problemas sistémicos arraigados de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y los campesinos, que constituían la mayoría de los manifestantes.
