La corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su coste es abrumador, afirmó este martes la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva, durante un encuentro para “aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16”, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
“La corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”, afirmó.
Un coste que no se limita únicamente a un aspecto financiero, sino que también contribuye a empeorar múltiples facetas colectivas como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política.
A todas estas facetas, añadió que las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción y que, cuando nos encontramos a la mitad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, urge acelerar la implementación de los Objetivos, un desafío que consideró complicado ya que “la corrupción se interpone en nuestro camino”.
Mejoran las medidas anticorrupción a nivel nacional
Sin embargo, Stoeva declaró que los avances sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, tal y como promueva esa meta número 16, pueden generar lo que calificó de “círculo virtuoso”.
“El Objetivo 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción”, afirmó.
Para conseguirlo, explicó que reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas “son elementos fundamentales de la paz y de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas”, señaló.
En el apartado de logros, destacó los “avances significativos” que se produjeron gracias “a los mecanismos disponibles para hacer frente a la corrupción”.
“Los países han aplicado diversas medidas anticorrupción. Hay más concienciación y mejores marcos legislativos y normativos. Las estrategias nacionales son habituales. Los gobiernos locales están implicados. Se comprenden mejor los riesgos. Se aprovecha el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los datos. Los ciudadanos y la sociedad civil participan en el seguimiento de los riesgos de corrupción y las respuestas anticorrupción”, comentó.
Pese a este amplio catálogo de avances, destacó que los retos “requieren esfuerzos sostenidos de lucha contra la corrupción y enfoques adaptados que impliquen a múltiples partes interesadas y combinen diversos instrumentos”.
Para lucha contra la corrupción, reunir pruebas de la eficacia de las reformas e informar sobre los avances del Objetivo 16, la presidenta del ECOSOC destacó la necesidad de reforzar su seguimiento y evaluación. “Nunca hubo tanto en juego” finalizó.
América Latina ya cuenta con centros regionales contra la corrupción
En videoconferencia desde Viena, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, recordó que su agencia está creando una red de centros regionales de lucha contra la corrupción que ayudan a mejorar las necesidades sobre el terreno y promueven la cooperación interregional y Sur-Sur.
Waly especificó que el primer centro se inauguró en México el año pasado y que pronto se abrirán otros dos en Kenia y Colombia, junto a otros proyectos en marcha.
La directora general de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, Jan Beagle, compartió tres aspectos en los que el Objetivo 16 puede desempeñar un papel vital para abordar estos desafíos globales:
- Preservar y avanzar en la consecución de toda la Agenda 2030
- Combatir la corrupción y restablecer la confianza
- Abordar retos complejos y transnacionales para los que los instrumentos tradicionales de gobernanza no están preparados
