El representante del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este jueves ante el Consejo de Seguridad un informe sobre la Misión en el país en el que hace un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Guterres pide que se ponga en marcha de forma inmediata los principales mecanismos de garantías de seguridad y las políticas recientemente adoptadas. “Comprometerse con el éxito del Acuerdo Final no puede convertirse, en ninguna circunstancia, en una amenaza existencial”, afirma.
El informe, que cubre el periodo del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2023, reconoce la “determinación de Colombia de consolidar la paz” y destaca “las iniciativas de diálogo en curso como procesos que se refuerzan mutuamente para consolidar la paz”, en referencia a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las disidencias de las FARC.
Esos diálogos “han contribuido a la mejora” de la seguridad “en lugares específicos”. En los diez primeros meses de 2023 se produjo una distensión del conflicto armado que se tradujo en una disminución de los ataques contra la Fuerza Pública, los enfrentamientos armados y los civiles muertos y heridos.
Sin embargo, Ruiz Massieu señaló durante la presentación que, desde la fecha de corte del informe, cuatro excombatientes de las extintas FARC fueron asesinados en el país, y añadió que continúan los crímenes contra líderes y lideresas sociales, incluyendo indígenas y reclamantes de tierra.
“Condeno una vez más y en los términos más enérgicos estos ataques injustificables, que además erosionan el tejido social de comunidades enteras”, dijo.
Por otra parte, el representante destacó que el progreso constante del sistema de justicia transicional en el país es un motivo de optimismo de cara a 2024. “Su estructura innovadora e integral, que combina mecanismos extrajudiciales y judiciales, sigue promoviendo los derechos de las víctimas”, declaró.
A medio camino en el calendario de implementación
Posteriormente, intervino la representante afrocolombiana de la sociedad civil Yolanda Perea, quien destacó que “ser líder social en Colombia es una de las tareas más peligrosas debido a las amenazas y ataques constantes (…) Es necesario detener el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales, autoridades étnicas y firmantes de paz”. La lideresa pidió, además, apoyar al gobierno para que el Acuerdo se implemente en su totalidad.
La reunión tuvo lugar tras el séptimo aniversario, el 24 de noviembre de 2023, de la firma del Acuerdo de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC, fecha que marca el ecuador del calendario de 15 años previsto para su implementación. El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, representó al país durante la sesión.
Perspectiva de género en los Acuerdos de paz
Previamente, los miembros del Consejo que han suscrito los Compromisos compartidos sobre mujeres, paz y seguridad (Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Guyana, Japón, Malta, Reino Unido, República de Corea, Sierra Leona y Suiza) leyeron una declaración conjunta sobre Colombia, en la que señalaron la importancia de implementar por completo la provisión de los Acuerdos relativa al género, especificando que las mujeres deben tener acceso a las tierras en igualdad de condiciones.
Reafirmaron, además, la importancia de exigir responsabilidades a los autores de delitos cometidos contra mujeres y niñas durante el conflicto, así como de que las mujeres de diversos orígenes participen en los procesos de paz. En este contexto, acogieron con satisfacción el nombramiento de una mujer, Vera Grabe, como la jefa de la delegación del gobierno en las conversaciones con el ELN.
Por último, expresaron su preocupación por el nivel de violencia de género en el país, el cual afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.
