La representante especial del Secretario General en Haití declaró este jueves ante el Consejo de Seguridad que el país continúa asolado por una escalada de violencia cada vez mayor por parte de bandas armadas.
María Isabel Salvador especificó que el aumento sin precedentes de los secuestros, violaciones y otros delitos cometidos afectan cada vez más a los medios de subsistencia de la población y socavan las actividades humanitarias.
Así, la Oficina de las Naciones Unidas en Haití documentó en 2023 más de 8400 víctimas directas de la violencia de las bandas, incluyendo personas asesinadas, heridas y secuestradas, lo que representa un aumento del 122% respecto a 2022. En la capital, Puerto Príncipe, se produjo el 83% de los asesinatos y heridos.
En el sur de la ciudad, las bandas llevaron a cabo ataques a gran escala para controlar zonas clave y continuaron empleando sistemáticamente la violencia sexual en las áreas que ya controlan. Además, “la violencia, los desplazamientos y la pérdida de medios de subsistencia han dejado a miles de niños vulnerables al reclutamiento por las bandas”, advirtió Salvador.
Fortalecimiento de la Policía Nacional
En este contexto, la funcionaria explicó que la Oficina ha trabajado para mejorar la capacidad de la Policía Nacional de Haití, centrándose especialmente en la actuación y la formación en materia de inteligencia.
Asimismo, el gobierno y la comunidad internacional realizaron “esfuerzos encomiables” en este respecto. Esto incluye un aumento del 13% en el presupuesto estatal 2023/24 asignado a la Policía Nacional, así como el suministro de equipos de protección personal, vehículos blindados y armas, señaló Salvador.
La representante especial del Secretario General para Haití y responsable de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, informa al Consejo de Seguridad sobre el país.
Despliegue de la misión multinacional
Por otra parte, la representante subrayó que continuará alentando a todas las partes en el país a prepararse eficazmente para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado mes de octubre.
Sin embargo, destacó que, aunque la mejora de la situación de seguridad es esencial para romper el ciclo de crisis en el país, la estabilidad a largo plazo “sólo puede lograrse mediante un proceso político nacional e integrador”. En este sentido, hizo eco de las palabras del Secretario General el pasado mes de diciembre, instando a todos los actores políticos para que den prioridad a los intereses del pueblo haitiano.
“Hago un llamamiento a las partes interesadas de todo el espectro para que participen pacífica y constructivamente en el proceso político”, añadió Salvador.
Corrupción y sistema judicial
Asimismo, la funcionaria reconoció los esfuerzos de las autoridades locales para mejorar el sistema de justicia y combatir la corrupción.
Salvador destacó el aumento de investigaciones de antecedentes de jueces y fiscales, la agilización de causas penales gracias a un programa para reducir el grave hacinamiento en las cárceles y el trabajo de la unidad anticorrupción para impulsar la rendición de cuentas de altos funcionarios públicos presuntamente implicados en casos de corrupción.
Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Haití. En pantalla, la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ghada Waly.
Tráfico de armas
A continuación, intervino la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), señalando que el deterioro de la seguridad en el país a causa de la violencia de las bandas se ve alimentado por un flujo ilícito de armas y municiones.
Ghada Waly recordó que, en un primer informe presentado en octubre del año pasado, la Oficina identificó cuatro grandes rutas marítimas y terrestres procedentes principalmente de Estados Unidos. El documento detalló cómo llegan las armas hasta determinados puertos marítimos de la República Dominicana y de allí a Haití a través de pasos fronterizos terrestres.
En un segundo informe publicado este miércoles, la Oficina reportó que existen 11 pistas aéreas informales o clandestinas registradas en Haití, repartidas por todo el país. “Representan un punto ciego que posiblemente estén utilizando los traficantes y contrabandistas, teniendo en cuenta que los aviones más pequeños que vuelan directamente entre Estados Unidos y Haití son difíciles de vigilar”, señaló Waly.
El último informe muestra, además, que tras el cierre de la frontera terrestre en septiembre y la adopción de medidas más estrictas por parte de las autoridades dominicanas, el tráfico se está desviando a otros puntos de cruce no oficiales en regiones más remotas.
Refuerzo de la cooperación regional
Waly indicó que, a pesar de las medidas de las autoridades haitianas, los esfuerzos anticorrupción siguen viéndose obstaculizados por la insuficiente capacidad, la falta de equipos forenses y la escasa experiencia en la realización de investigaciones complejas.
Con plazos políticos aproximándose, “es más importante que nunca tomar todas las medidas posibles para impedir que los flujos ilícitos desestabilicen aún más el país”, dijo.
En este sentido, señaló distintas medidas a escala regional que pueden contribuir a reducir el tráfico hacia Haití, como el refuerzo de los mecanismos de control e intercambio de información entre las fuerzas del orden estadounidenses y los países del Caribe, así como una mejor supervisión de los vuelos internacionales en los que participan aeronaves de pequeño tamaño.
